El Gobierno nacional dio el primer paso para imponer una reforma laboral que desarma pilares históricos de la Ley de Contrato de Trabajo. La iniciativa, impulsada por la diputada santafesina Romina Diez y respaldada por figuras de La Libertad Avanza como José Luis Espert —actualmente de licencia por un escándalo narco—, plantea una serie de cambios que, bajo el lema de “promover el empleo y la inversión”, apuntan a reducir derechos y abaratar costos laborales.
Durante una entrevista televisiva, Javier Milei afirmó que su plan no atentará contra “los derechos de nadie”. Sin embargo, el texto del proyecto, titulado Ley de Promoción de Inversiones y Empleo e Inversiones Productivas, contradice de lleno ese discurso. Allí se incluyen modificaciones que amplían las facultades del empleador, extienden las jornadas hasta 12 horas, limitan las licencias médicas y flexibilizan las condiciones de despido e indemnización.
Más poder para los empleadores
Uno de los primeros artículos del documento habilita a los empresarios a introducir “todos los cambios relativos a la forma y modalidades de la prestación del trabajo”, siempre que no impliquen un “ejercicio irrazonable” o causen “perjuicio material o moral” al trabajador. En los hechos, esta redacción amplía de manera significativa la discrecionalidad patronal sobre las condiciones laborales.
El texto incluso establece que, si el empleado considera abusiva una medida, podrá “optar por considerarse despedido sin causa”. Es decir, se carga sobre el trabajador la responsabilidad de romper el vínculo.
Jornadas de hasta 12 horas
Otro punto central es la ampliación de la jornada laboral. A través del artículo 197 bis, el Gobierno propone extender el horario diario de 8 a 12 horas mediante “bancos de horas” o regímenes especiales. Según el documento, los acuerdos colectivos podrán “adecuarse a los cambios en las modalidades de producción”, con la promesa de contemplar “el beneficio e interés de los trabajadores”.
En la práctica, la medida implica más horas de trabajo por el mismo salario y una redefinición de los descansos. El texto sólo garantiza 12 horas mínimas entre jornada y jornada.
Vacaciones, cuando el patrón lo disponga
El proyecto también avanza sobre el derecho al descanso. La reforma le otorga al empleador la potestad de fijar las fechas de vacaciones, con apenas 21 días de aviso. Además, habilita la fragmentación del período vacacional “en tramos no inferiores a una semana”, sin precisar quién decide esa división.
El documento sólo aclara que el trabajador tendrá derecho a descansar en temporada de verano “al menos una vez cada dos años”, lo que rompe con el criterio actual de rotación anual y prioriza la organización empresarial por sobre el bienestar del empleado.
Indemnizaciones en cuotas y juicios más baratos para las empresas
Otro capítulo clave del texto reduce el costo de los conflictos laborales. Los créditos e indemnizaciones se actualizarán solo por inflación (según el IPC del Indec) más un interés del 3% anual. También se impone un tope del 20% a los honorarios de los abogados laboralistas y se autoriza a las PyMES a pagar despidos en hasta 12 cuotas.
En conjunto, estos cambios hacen que “el costo del conflicto se vuelva más previsible y más barato” para las empresas, como remarcan especialistas, y debilitan la posición del trabajador frente a un juicio prolongado.
Licencias médicas bajo sospecha
El proyecto endurece el control sobre las licencias por enfermedad. Si un empleador duda de un certificado médico, podrá denunciarlo ante la Secretaría de Trabajo. El Ministerio de Capital Humano, a través de un listado de peritos, podrá “repetir o solicitar nuevos estudios” e incluso “modificar el diagnóstico o tratamiento indicado”.
La norma también acorta los plazos de cobertura y habilita a las empresas a extinguir el contrato sin indemnización si el trabajador no se reincorpora tras un año de licencia.
Planes sociales en riesgo y salarios desmembrados
La iniciativa crea un “Régimen de Incentivo al Empleo” que otorga beneficios fiscales a quienes incorporen personal registrado. Para los beneficiarios de planes sociales, se prevé la suspensión del beneficio durante 13 meses y su eliminación definitiva si mantienen el empleo formal.
Además, el proyecto redefine qué se considera remuneración: amplía el listado de pagos “no remunerativos” —como comida, guarderías, ropa de trabajo, internet o capacitación—, lo que excluye esos montos de aportes, aguinaldos e indemnizaciones.
“El otorgamiento de las prestaciones sociales será en todos los casos en forma indebida a título gratuito y no remunerativo, sin que ellos constituyan salarios o retribuciones a los efectos legales”, detalla el texto, quitando peso real al salario y afectando el cálculo de beneficios futuros.
Firmas polémicas y acompañamientos judicializados
El proyecto lleva las rúbricas de varios legisladores cuestionados: además de Diez y Espert, figuran Lorena Villaverde (acusada por narcotráfico), Lilia Lemoine, Gabriel Bornoroni, Mercedes Llano, Nicolás Mayoraz, Nadia Márquez y Bertie Benegas Lynch, entre otros.
Con esta iniciativa, el oficialismo busca instalar un nuevo marco legal que traslade al trabajador la carga de la “modernización laboral”. Un modelo que promete inversiones, pero al costo de erosionar conquistas históricas del movimiento obrero argentino.
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