Cuatro millones de jubilados están endeudados y el nivel de irregularidad en los pagos se triplicó

La reforma previsional sigue en agenda: según el compromiso del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) será para diciembre de 2027, después de las elecciones. El Staff Report del organismo incluye un diagnóstico del sistema jubilatorio y recomienda, entre otras medidas, separar las prestaciones contributivas de las no contributivas, fortalecer la relación entre aportes y beneficios y avanzar en la armonización de los distintos regímenes previsionales: esto podría implicar la eliminación de los regímenes especiales, entre ellos el de los docentes. En el medio, las jubilaciones y las pensiones siguen perdiendo poder adquisitivo, lo que obligó a más de cuatro millones de jubilados –según el último informe del Banco Provincia– a endeudarse.

En el Staff Report el FMI señala entre otras cosas que “se espera que las reformas recientes para crear un esquema unificado de subvenciones energéticas mejoren aún más la recuperación de costes y refuercen la segmentación y la transparencia de las subvenciones” y que estas medidas se tienen que complementar con otras como una mayor eficacia del gasto social. Por otro lado, destaca que a medida que se avance en la reducción de la brecha de informalidad, “las autoridades desarrollarán una reforma del sistema de pensiones (finales de diciembre de 2027) destinada a mejorar su sostenibilidad, reducir su fragmentación, fortalecer el vínculo entre contribuciones y prestaciones, y garantizar una protección adecuada para los más vulnerables”.

La administración de Milei ya avanzó en un ítem insistido por el organismo internacional, que es el fin de las moratorias previsionales. Esto ya tuvo un impacto concreto: el Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA) prevé que las nuevas altas jubilatorias caerán este año hasta un 35% respecto de 2025, y un 45% respecto a 2024. “Esto es consecuencia de que las jubilaciones de personas con aportes se mantienen más o menos constantes, en el entorno de las 110 mil altas por año, pero las personas que se jubilan sin aportes suficientes se reducen significativamente”, detalla el estudio. La explicación, continúa, es que “con las moratorias cerradas la manera de acceder a un beneficio previsional cuando no se llega a los mínimos de aportes es a través de la PUAM, que tiene como principal requisito 65 años de edad independientemente del sexo”.

A medida que crecen las PUAM también se deteriora el nivel de vida y poder adquisitivo de los mayores de 65 en la Argentina. En el último año, con bono incluido, la Pensión Universal por Adulto Mayor (hacia donde están confluyendo todas las personas, aunque tengan hasta 29 años de aportes) pasó de los $ 247.436 a los $ 329.591, a lo que sumado el bono congelado en $ 70 mil se llega a los $ 317.436 y $ 399.591, respectivamente. Esto es, un aumento del 25,8%, casi ocho puntos por debajo de la inflación general para junio (33,5%).

El nivel de endeudamiento

La pérdida de poder adquisitivo de los jubilados los llevó a endeudarse para financiar gastos corrientes. Un informe del Banco Provincia estima que esta caída es del 18% desde noviembre de 2023 y reveló que el 44,6% de los jubilados y jubiladas mantiene saldos activos, lo que en términos porcentuales representa casi cinco puntos más que en 2022. “La irregularidad de sus deudas alcanzó el 11,4% en mayo de 2026 frente al 4,1% de mayo de 2025”, destaca. Es decir, la cantidad de irregularidad en el pago de las deudas se triplicó.

Desde el cuarto trimestre de 2022, además, crece la cantidad de jubilados que recurren a ahorros (35%), préstamos en entidades financieras (14,4%), ayudas de familiares (14%), venta de pertenencias (10,4%) o donaciones de conocidos (9%) e instituciones (7,8%) para llegar a fin de mes. La pérdida del poder adquisitivo, advierten, podría ser mayor, ya que “el Índice de Precios al Consumidor, utilizado para calcular esta variación, no distingue el peso específico de algunos bienes y servicios particularmente relevantes para los adultos mayores –como medicamentos, atención de la salud, alimentos y servicios básicos en particular – cuyos precios registraron, en determinados periodos, aumentos superiores al promedio general”.

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