El entramado productivo argentino atraviesa una emergencia sin precedentes. Entre diciembre de 2023 y mayo de 2026, el país alcanzó la alarmante cifra de 25.000 PyMEs cerradas, según el último informe del Instituto Argentina Grande. El proceso es calificado por especialistas como la mayor destrucción de tejido industrial y comercial de las últimas tres décadas.
Frente a este escenario, el ministro de Infraestructura de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, junto al intendente de San Martín, Fernando Moreira, convocaron a un frente común para frenar la sangría. En el Parque Yrigoyen de San Martín reunieron a representantes gremiales, universidades, el INTI, empresarios y sindicatos para firmar un documento en defensa de las PyMEs y poner en marcha un plan de acción urgente.
Los números del colapso
El reporte del IAG aporta datos crudos que fundamentan la gravedad de la convocatoria:
- Ritmo de destrucción: desaparecieron, en promedio, 31 PyMEs por día (más de una por hora).
- Impacto laboral: entre noviembre de 2023 y febrero de 2026 se perdieron 205.680 empleos privados registrados, a razón de 254 puestos de trabajo por día.
- Sectores críticos: el transporte y almacenamiento lidera la caída con 6.193 firmas menos, seguido por el comercio (-5.794), servicios inmobiliarios (-3.555) e industria manufacturera (-3.073).
- Epicentro bonaerense: la provincia de Buenos Aires es la región más castigada, concentrando el cierre de 5.374 PyMEs y una caída de 73.370 empleos.
El diagnóstico del centro de estudios que comanda Katopodis no solo cuantifica el cierre de empresas, sino que expone la profundidad del daño en sectores clave de la economía real. Según el relevamiento, el proceso de desarticulación no es uniforme, sino que golpea con especial dureza a aquellas actividades que dependen directamente del consumo interno y la logística. El sector de transporte y almacenamiento encabeza la lista de bajas con 6.193 firmas menos, una cifra que evidencia cómo la parálisis de la obra pública y la caída en la circulación de mercaderías han estrangulado a los eslabones logísticos básicos.
El informe también alerta sobre una transferencia de oportunidades que perjudica al segmento PyME. Mientras se promueven regímenes de incentivo como el RIGI, enfocados exclusivamente en grandes inversiones extractivas —como minería, petróleo y gas—, las pequeñas y medianas empresas quedan al margen de cualquier beneficio. Los autores del documento subrayan que el esquema actual de tercerización y los nuevos regímenes de formalización laboral terminan generando una ventaja competitiva artificial para las corporaciones con mayor espalda financiera, que logran reducir sus costos operativos a costa de la flexibilidad laboral, mientras que las PyMEs, sin capacidad de absorción de estos riesgos, se ven forzadas a bajar sus persianas.
Finalmente, el documento pone el foco en la dimensión humana del desastre: la destrucción de más de 205.000 puestos de trabajo registrados en poco más de dos años. Esta sangría laboral no es un dato aislado, sino el resultado de un modelo que ha priorizado la estabilidad de variables macrofinancieras por encima del sostenimiento de la producción y el empleo. La pérdida de 254 empleos privados por día configura una crisis social de magnitudes históricas que, según advierte el reporte, corre el riesgo de volverse irreversible si no se modifican las políticas públicas de acompañamiento al sector.
Hacia un plan de acción
El documento que suscribieron en San Martín denuncia que las políticas nacionales, como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y los esquemas de desregulación laboral, favorecen la concentración en sectores de gran escala (energía, minería, petróleo), mientras desprotegen a las pequeñas y medianas empresas que sostienen el mercado interno.
«La recuperación de las PyMEs no depende de una única medida, sino de construir un horizonte de previsibilidad», sostiene el informe, que reclama una articulación real entre el Estado nacional, los gobiernos provinciales y el sector privado. Con este encuentro, Katopodis y el arco productivo buscan convertir la indignación por las 25.000 PyMEs fundidas en un pliego de reivindicaciones que fuerce un cambio en el rumbo económico actual.
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