Crecen las llamas y también los despidos: en enero, el Gobierno echó a 30 brigadistas

El fuego sigue avanzando en la Patagonia, donde los incendios destruyeron ya más de 37.000 hectáreas de bosque, afectando a más de 700 familias que tuvieron que ser evacuadas. La respuesta del gobierno de Javier Milei frente a la emergencia fue ampliamente criticada, tanto por la falta de recursos como por las decisiones tomadas que perjudican aún más la situación. En este contexto, el ajuste en los organismos encargados de combatir el fuego y las tensiones políticas han generado un clima de creciente incertidumbre en la región.

En medio de la crisis, los brigadistas que combaten las llamas enfrentan una grave inseguridad laboral. El gobierno de Milei renovó sus contratos solo por tres meses, lo que deja a muchos trabajadores sin saber si podrán seguir en su puesto a partir de abril. Además, unos 30 brigadistas fueron despedidos en enero, antes de que los incendios ya amenazaran áreas clave como el Parque Nacional Nahuel Huapi. La medida se suma a otros 100 despidos ocurridos el año pasado, entre los que se incluyen técnicos y personal administrativo.

“Se deja la vida en los incendios, pero se ve que para el Gobierno eso no alcanza ni siquiera para brindar estabilidad laboral”, explicó Alejo Fardjoume, coordinador de ATE en Parques Nacionales. En la Patagonia, el salario básico de los brigadistas apenas alcanza los 600 mil pesos mensuales, lo que los obliga a buscar trabajos adicionales para poder llegar a fin de mes. “Es menos de lo que se gana en un puesto de turismo en la temporada, lo que obliga a muchos a tener otro laburo o una changa para llegar a fin de mes”, contó Andrea Torres, brigadista de El Chaltén.

Recortes en el presupuesto y falta de preparación

A pesar de la magnitud del desastre, el gobierno de Milei no garantizó los recursos necesarios para enfrentar los incendios. De acuerdo a un informe de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), solo se ejecutó el 22% del presupuesto destinado al Sistema Nacional de Manejo del Fuego (SNMF) en 2024. A esta falta de previsión se suma un ajuste profundo en los fondos destinados a la lucha contra los incendios, que en términos reales sufrió un recorte de más del 70% respecto al año anterior.

Aunque el gobierno intentó mostrar un frente activo, anunciando una transferencia de 7.000 millones de pesos para la reconstrucción de viviendas, la ayuda llega tarde. Los fondos destinados al manejo de incendios no solo fueron insuficientes, sino que también llegaron a la región con retraso.

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