Al cumplirse el cuarto aniversario del ataque contra la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dirigentes de diversos espacios políticos publicaron un documento contundente de respaldo. El ataque del 1° de septiembre de 2022 sigue sin ser investigado en profundidad, con serias dudas a la Justicia.
El texto expone un análisis sobre las condiciones previas al hecho, en el cual se gatilló un arma a centímetros del rostro de la exmandataria. Según la publicación, el contexto incluyó la instalación de discursos de odio, campañas de estigmatización y noticias falsas. El escrito señala que la denominada antipolítica fue construida por sectores del poder económico y amplificada a través de medios de comunicación, redes sociales y plataformas digitales. Además, indica que la democracia experimenta un deterioro ante la criminalización de la militancia, la presentación de la política como corrupción y la deshumanización de los adversarios.
El documento menciona la utilización de mecanismos judiciales, políticos y comunicacionales para disciplinar o excluir dirigentes, una práctica definida allí como lawfare. La publicación advierte que la eliminación simbólica de un oponente habilita la posibilidad de su eliminación física, y establece que ese día el país estuvo a centímetros de atravesar esa frontera.

Asimismo, el texto afirma que el aniversario interpela a todo el sistema democrático y requiere un acuerdo por parte de los partidos políticos para dirimir las diferencias mediante ideas, organización y votos, sin poner en riesgo la libertad, integridad o vida del otro. En el marco de la proximidad de los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, los firmantes remarcan que las diferencias deben tramitarse dentro de las instituciones. La declaración sostiene que defender ese límite no significa reclamar una política sin conflicto, ya que la política implica la confrontación de intereses, proyectos e ideas.
El texto concluye con un planteo sobre la necesidad de recuperar la legitimidad del adversario, poder ganar o perder elecciones sin que la derrota habilite la persecución, y defender el ejercicio de la política frente a la violencia.
El pronunciamiento lleva la firma de José Mayans por el Partido Justicialista, Diego Giuliano y Sergio Massa por el Frente Renovador, Miguel Ángel Pichetto por Encuentro Republicano Federal, Martín Sabbatella por Nuevo Encuentro, Guillermo Moreno por Principios y Valores, Leopoldo Moreau por el Movimiento Nacional Alfonsinista, Juan Grabois por Patria Grande, Ricardo Alfonsín por el Frente Amplio por la Democracia, Federico Storani por Radicalismo Auténtico, Carlos Castagneto por Kolina, Mario Secco por el Frente Grande, Emilio Pérsico por La Patria de los Comunes, Carlos Heller por el Partido Solidario, Jorge Rivas por Unidad Socialista, Claudio Lozano por Unidad Popular, Gustavo López por Forja, Esteban San Pedro por el Partido de la Victoria, Eduardo Sigal por Espacio Popular, Juan Carlos Alderete por PTP-PCR, Lucrecia Monteagudo por el Partido Intransigente, Jorge Kreyness por el Partido Comunista, Matías Barroetaveña por Nueva Dirigencia y Humberto Tumini por Libres del Sur.

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