Contra el desfinanciamiento a la discapacidad y al Garrahan
En reclamo por deudas del Estado, pensiones paralizadas y sueldos por debajo de la pobreza, organizaciones y trabajadores se movilizaron en al menos 14 provincias.
La situación en el sistema de salud y asistencia a personas con discapacidad entró en una fase crítica. Durante este jueves, miles de personas se manifestaron en distintos puntos del país para exigir la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Las protestas, que se replicaron en al menos 14 distritos, también coincidieron con un paro en el Hospital Garrahan, donde médicos residentes denunciaron que sus condiciones salariales los colocan por debajo de la línea de pobreza.
La jornada federal en defensa de los derechos de las personas con discapacidad incluyó marchas en Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Neuquén, Tucumán, Catamarca, Jujuy, San Juan, Misiones, San Luis, Entre Ríos, Santa Fe, Río Negro y la provincia de Buenos Aires. La convocatoria apuntó a visibilizar el ajuste sobre el sector, que abarca recortes en las prestaciones, falta de actualización de los aranceles a prestadores, demoras en el otorgamiento de pensiones no contributivas y el incumplimiento del cupo laboral del 4% para personas con discapacidad.
“Venimos hace mucho tiempo arrastrando un déficit, pero es la primera vez en 23 años que nos vimos en la necesidad de suspender las actividades, porque la situación se está haciendo totalmente insostenible. Hoy, hay un 73% debajo de lo que es la inflación. Los profesionales de apoyo están cobrando 307.000 pesos por trabajar cinco días a la semana por cuatro o cinco horas diarias”, denunció Elizabeth Karina Foschi, presidenta de la Cámara Argentina de Servicios de Apoyo a la Inclusión Educativa (CASAIE), en declaraciones a La Nación.
La ley que busca declararse en emergencia se debatirá el próximo miércoles 4 de junio en Diputados. La propuesta ya cuenta con respaldo de bloques como Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda. Si todos los legisladores opositores se presentan, la iniciativa podría avanzar con mayoría.
El proyecto plantea una actualización urgente de los montos destinados a transportistas, acompañantes terapéuticos y hogares, así como mejoras para quienes trabajan en talleres protegidos, cuyo ingreso está congelado en $28.000 desde febrero de 2023. También exige agilizar la entrega de pensiones: en más de un año solo se aprobaron 586 trámites de los más de 500.000 pedidos.
En paralelo, en la puerta del Hospital Garrahan, médicos residentes también protestaron por la precarización salarial y las condiciones laborales. Con un paro que arrancó a las 13 y desafió la conciliación obligatoria dictada por el Gobierno nacional, los trabajadores advirtieron que están al límite.
“Esto es un punto final. Trabajo a la mañana, a la noche. No podemos más. Esta es una lucha entre todos”, expresó una de las manifestantes ante los medios.
Julieta, residente del hospital, explicó en C5N: “Es esencial para la atención y es imposible mantener una vida cotidiana con el sueldo que percibimos”. En la misma línea, Belén detalló: “Un ingresante de primer año con 70 horas semanales de lunes a viernes, 8 horas, 6 guardias de 24, cobran $797.000. Todo eso está dentro del mismo sueldo. Está por debajo de la línea de la pobreza”.
La situación del Garrahan es alarmante. Pese a tratarse de un centro de referencia en salud pediátrica a nivel regional, sus trabajadores denuncian desfinanciamiento, salarios deteriorados y falta de respuesta por parte del Ministerio de Salud, del que depende directamente el hospital.
“El gobierno insiste con el ataque a trabajadores y dan números absolutamente falsos”, sostuvo Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE, en diálogo con CNN. “Es muy significativo que los sueldos iniciales en un hospital de alta complejidad están por debajo de la línea de la pobreza. Es un límite intolerable”.
Ambas protestas —la de la comunidad vinculada a la discapacidad y la del Garrahan— expusieron un panorama de creciente exclusión, con un Estado que, en medio del ajuste libertario, dejó de garantizar derechos básicos. Mientras tanto, los sectores más vulnerables siguen esperando respuestas concretas.
