21 de noviembre de 2024

Condenan a perpetua a exteniente del Ejército por delitos de lesa humanidad

El Tribunal Oral Criminal Federal (TOF) 2 de Mendoza condenó al exteniente del Ejército Mario Guillermo Ocampo a cadena perpetua, en el duodécimo juicio en esta provincia por delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico militar.

Luego de escuchar las palabras finales del único imputado, el Tribunal compuesto por los jueces Alberto Carelli, Héctor Cortez y Paula Marisi dio a conocer la sentencia de este juicio que se inició el 22 de marzo pasado y en el cual se analizaron crímenes cometidos en la localidad de San Rafael, en perjuicio de 12 víctimas, perpetrados entre marzo y noviembre de 1976.

El TOF 2 de Mendoza aplicó la perpetua a Ocampo, exteniente de la Compañía de Ingenieros de Montaña VIII, quien siguió todo el juicio y la condena de manera virtual. Antes de leer el veredicto, el Tribunal rechazó el planteo de nulidad efectuado por la defensa del imputado sin costas.

El fallo unánime dice que «se condena a Mario Guillermo Ocampo a la pena de prisión perpetua, inhabilitación perpetua por ser coautor penalmente responsable de los delitos homicidio doblemente agravado por alevosía y por mediar concurso premeditado de dos o más personas por un hecho, en perjuicio de José Guillermo Berón».

Además, por «privación abusiva de la libertad agravada por mediar violencia y amenazas y por haber durado más de un mes en 12 hechos«; por «tormento agravado por la comisión de perseguido político de la víctima por 12 hechos» y como «autor penalmente responsable del delito asociación ilícita en calidad de miembro de la misma».

El exteniente llegó a este juicio imputado por los delitos de autor mediato de un homicidio y de 12 casos de privación abusiva de la libertad y aplicación de tormentos agravada, cometidos entre marzo y noviembre de 1976, y como autor de asociación ilícita en calidad de jefe u organizador.

Los hechos que se ventilaron en este juicio fueron los que padecieron las víctimas en los diferentes Centros Clandestinos de Detención (CCD) tales como la municipalidad de San Rafael, el destacamento policial de Bowen, las instalaciones de la infantería policial, la seccional 14° de General Alvear y la casa departamental de San Rafael.

El imputado expresó ante el Tribunal: «Solamente decirle al presidente y a los integrantes del Tribunal que soy inocente de los hechos que se me imputan, esto está corroborado en la declaración indagatoria hecha por mí y por los alegatos de la defensa».

En la sala de debate ubicada en el primer piso del Tribunal se ubicaron familiares de desaparecidos, quienes siguieron expectantes el tramo final de este juicio. Afuera de los Tribunales Federales, en las escalinatas de entrada, colocaron fotos y carteles recordando a las víctimas. Al conocerse el fallo hubo escenas de emoción y abrazos entre los familiares de las víctimas.

El fiscal Daniel Rodríguez Infante dijo a Télam que «es importante destacar y celebrar que llega al final un nuevo juicio; en nuestra provincia hemos tenido muchos juicios y son importantes por distintas características». Y agregó sobre la condena que «nos parece sumamente relevante, como sostuvimos en el debate, que Ocampo era el tercero en la cadena de mando dentro de la Compañía de Ingenieros VIII, que era la estructura a cargo de la represión estatal en el sur provincial y esta es una nueva condena contra él y refleja ese rol que tuvo en el esquema de represión estatal por lo que es una sentencia acorde a lo que hemos postulado».

Pablo Garciarena, quien intervino como fiscal ad hoc en juicios anteriores en San Rafael acotó que «la defensa había planteado técnicamente la nulidad por la acusación nuestra por el delito de asociación ilícita y el Tribunal rechazó la nulidad y condenó por asociación ilícita con una pequeña diferencia procesal, pero fue condenado también por ese delito». El exteniente prestó servicios en la Compañía de Montaña VIII entre diciembre de 1975 y febrero de 1979.

Ocampo, quien estuvo prófugo de la justicia desde 2012 a 2019 por otro debate por delitos de lesa humanidad, fue sentenciado a dos perpetuas en 2021 y 2022 junto a otros represores en la causa «Contraofensiva II», cuando se desempeñó como jefe de la Segunda Sección del Destacamento 201 en Campo de Mayo y, por el juicio de «Ocampo y acumuladas», que se desarrolló en la ciudad de San Rafael.

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