Con una sangrienta represión en las calles, el Gobierno salvó en el Senado la ley de propiedad privada

En una sesión que se extendió hasta la madrugada y estuvo marcada por fuertes cruces políticos, el Senado otorgó media sanción al proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La iniciativa avanzó con 37 votos afirmativos y 33 negativos, aunque llegó al recinto con modificaciones de último momento luego de que el oficialismo resignara parte del articulado para evitar perder respaldo entre sus aliados.

Mientras el debate se desarrollaba dentro del Congreso, en las inmediaciones del Palacio Legislativo se registraron incidentes entre las fuerzas de seguridad y manifestantes que rechazaban la iniciativa, en un operativo que generó fuertes cuestionamientos desde la oposición.

El texto, elaborado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, recibió el respaldo de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y bloques provinciales, pero sufrió importantes cambios antes de conseguir la aprobación en la Cámara alta.

El Gobierno retiró dos capítulos para sostener los votos

Uno de los principales retrocesos del oficialismo fue la eliminación del apartado que modificaba el régimen sobre tierras rurales y habilitaba cambios vinculados a la compra de tierras. Esa parte del proyecto había despertado críticas tanto de la oposición como de sectores aliados.

A esa decisión se sumó, minutos antes de la votación, el retiro del capítulo que reformaba aspectos de la Ley de Manejo del Fuego, luego de que varios senadores advirtieran que no acompañarían ese punto.

El radical Maximiliano Abad justificó su postura al señalar que «Está viciado de inconstitucionalidad, que va a ser materia de discusión judicial y la seguridad jurídica, que este proyecto viene a buscar, se debilita».

Las diferencias también quedaron expuestas cuando la senadora chubutense Edith Terenzi confirmó su rechazo a ese capítulo y decidió abstenerse en la votación del apartado referido a desalojos.

Dentro del propio oficialismo tampoco ocultaron el malestar por la negociación. «Hay que cuidar a los aliados», reconoció un senador libertario tras la sesión, en referencia a las tensiones generadas durante el tratamiento del proyecto.

Qué cambios propone la iniciativa

El proyecto modifica la Ley de Expropiaciones y establece condiciones más estrictas para que el Estado pueda declarar de utilidad pública un bien. Entre otros puntos, incorpora nuevos criterios para justificar las expropiaciones, fija el reconocimiento del lucro cesante en las indemnizaciones y exige que el pago sea previo a la toma de posesión del inmueble.

También reforma el régimen de regularización dominial previsto en la denominada Ley Pierri y cambia el procedimiento para los desalojos, que pasarán a tramitarse mediante juicio sumarísimo, con plazos más breves que los actuales.

En materia de alquileres, además, incorpora un plazo de diez días para cancelar la deuda antes de que el propietario pueda iniciar el proceso judicial correspondiente.

Otro de los cambios mantiene la derogación de artículos de la Ley de Manejo del Fuego que restringían durante décadas el cambio de uso de terrenos afectados por incendios.

La oposición advirtió por el impacto de las reformas

Durante el debate, legisladores de Unión por la Patria cuestionaron especialmente el capítulo referido a expropiaciones y al régimen de desalojos.

«El problema de la Argentina no es la inviolabilidad de la propiedad privada, sino el acceso a la propiedad privada a los pobres», afirmó Jorge Capitanich.

En la misma línea, Mariano Recalde sostuvo que el proyecto «lo que hacen es incluir en los desalojos express a los inquilinos con contrato, por el mero atraso en el pago del alquiler», en un contexto económico que, según señaló, afecta la capacidad de pago de muchas familias.

Desde el oficialismo defendieron la iniciativa. La senadora Carmen Álvarez Rivero aseguró: «Necesitamos reglas claras para que las inversiones vengan a la Argentina».

Por su parte, Juan Carlos Pagotto argumentó que «el proceso es la respuesta civilizada, es la respuesta del derecho a determinados conflictos legales o jurídicos» y concluyó: «Es lo más civilizado que hay, que en lugar de tomar justicia por la mano, tengamos un proceso judicial y sea la justicia quien dictamina».

Advierten que las nuevas reglas limitarían futuras expropiaciones

Además del debate parlamentario, especialistas y organizaciones advirtieron sobre los efectos que podría tener la reforma si obtiene la aprobación definitiva en Diputados.

Según cuestionaron distintos sectores, los nuevos requisitos para declarar la utilidad pública de un bien ampliarían las posibilidades de impugnación judicial, elevarían los costos de las indemnizaciones y prolongarían los procesos de expropiación.

También señalaron que la incorporación del concepto de «expropiación indirecta» podría abrir la puerta a nuevas demandas contra el Estado por regulaciones que afecten el uso de propiedades privadas, mientras que la obligación de abonar la indemnización completa antes de tomar posesión del bien dificultaría la ejecución de obras públicas o proyectos estratégicos.