Con lo recaudado por ICL, Caputo podría arreglar dos veces las rutas de La Quiaca a Ushuaia

La discusión por el destino de los recursos que se recaudan a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) llegó al Congreso Nacional y volvió a poner en el centro de la escena el deterioro de las rutas nacionales. El reclamo, que viene siendo planteado por referentes bonaerenses, tomó nuevo impulso después de que el Gobierno nacional reconociera que no toda la recaudación del impuesto se destina al mantenimiento vial y, posteriormente, defendiera la asignación de esos recursos en función del Presupuesto aprobado por el Congreso.

El martes, durante una reunión de la comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados de la Nación, legisladores, intendentes y familiares de víctima en accidentes de tránsito expusieron sobre el estado de las rutas y cuestionaron el nivel de ejecución de los fondos destinados al Sistema Vial Integrado (SISVIAL). Entre ellos estuvo la diputada bonaerense Ayelén Rasquetti, quien viene siguiendo el tema junto a su equipo y planteó que los recursos existen pero no están siendo utilizados para las obras previstas.

«En el marco de la Comisión de Obras Públicas del Congreso de la Nación se realizó una comisión especial en la cual se trató en la temática del Impuesto a los Combustibles Líquidos y cómo estos fondos están siendo desviados por el gobierno de Javier Milei en plazos fijos para sostener el superávit fiscal falso de este gobierno«, afirmó la legisladora del Frente Renovador en diálogo con Deuda Prometida.

El debate tiene como antecedente inmediato las declaraciones del vocero presidencial Adrián Ravier del 10 de agosto. Consultado por el destino del impuesto a los combustibles, había declarado que una parte de los recursos se dirige a Vialidad y que otra queda a disposición del Ministerio de Economía como parte de la estrategia de equilibrio fiscal.

La declaración abrió la discusión sobre el nivel de ejecución de los recursos destinados a las rutas. El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense, Gabriel Katopodis, cuestionó el destino de esos fondos. Según las cifras de ejecución que difundió, desde el comienzo de la gestión de Milei se recaudaron $ 1.503.252 millones para financiar obras viales y se ejecutaron $ 394.406 millones, por lo que más de un billón de pesos no habría sido aplicado a esos trabajos.

“El Gobierno de Milei cobró el impuesto y en las rutas hay abandono y desidia”, afirmó Katopodis. El ministro también sostuvo que ese monto permitiría poner en condiciones más de 20.000 kilómetros de rutas nacionales o hacer dos veces el recorrido completo entre La Quiaca y Ushuaia. La pregunta que quedó instalada detrás de la discusión por el impuesto a los combustibles es cuánto de lo que pagan los argentinos cada vez que cargan nafta termina efectivamente en el sistema vial.

El cálculo bonaerense

La discusión tuvo un nuevo capítulo este martes, cuando Ravier fue consultado nuevamente por sus declaraciones. Esta vez, el vocero puso el foco en el Presupuesto nacional y sostuvo que el Congreso determina cuánto dinero se asigna a Vialidad Nacional para el mantenimiento de las rutas y que el Gobierno respeta esas partidas. También rechazó que exista una malversación de fondos.

Sin embargo, ese mismo día, durante su exposición en el Congreso, Rasquetti aseguró: “La plata sí está, pero no se usa para lo que está destinada”. Cabe destacar que el tema venía siendo investigado por la legisladora con anterioridad a que se instalara la discusión pública sobre el destino de los fondos.

Según explicó Rasquetti a Deuda Prometida, su equipo viene investigando el impuesto a los combustibles y desarrolló una calculadora para diferenciar el componente correspondiente al sistema vial y estimar cuánto paga cada usuario por ese concepto y qué cantidad de kilómetros de ruta podría financiar ese aporte.

Para la provincia de Buenos Aires, el cálculo realizado por su equipo arroja una cifra que permite dimensionar el reclamo: 6.720 kilómetros de rutas nacionales podrían haberse construido o reparado con los recursos estimados, frente a los 4.672 kilómetros de rutas nacionales que tiene la Provincia.

La legisladora del Frente Renovador también citó información de Vialidad Nacional según la cual entre el 70% y el 77% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular a malo. Según explicó, ese mismo informe señala que el 70% de las víctimas fatales se produce en sectores de rutas en mal estado.

Para Rasquetti, el deterioro de la red nacional también termina trasladando costos hacia las provincias. “Al estar las rutas nacionales destruidas, todo el transporte se desvía por las rutas provinciales”, sostuvo. Y advirtió que esa situación genera un doble impacto: los usuarios pagan un impuesto destinado al sistema vial y, al mismo tiempo, las provincias deben afrontar parte de las consecuencias del deterioro de las rutas nacionales.

La relación entre la falta de inversión y las consecuencias sobre las rutas es, para Rasquetti, uno de los puntos centrales del reclamo. “La red vial de nuestra nación no está preparada”, sostuvo al referirse también a la habilitación para el tránsito de vehículos de mayores dimensiones.

Cuánto se ejecutó del SISVial

Uno de los puntos que Rasquetti llevó a la discusión parlamentaria fue la evolución de la ejecución de esos recursos durante la actual gestión. Según explicó a partir de la documentación que su equipo viene analizando y del Informe 145 presentado por el Gobierno nacional ante el Congreso, en 2024 se habría destinado a obras poco menos del 40% de los recursos, mientras que en 2025 la proporción habría bajado a una cifra ubicada entre el 20% y el 30%. Para este año, sostuvo que la ejecución sería prácticamente nula.

En tanto que la diputada nacional del Frente Renovador Marina Salzmann presentó un pedido de informe sobre la utilización del Impuesto a los Combustibles Líquidos y, junto con otros legisladores, impulsó un pedido para que el ministro de Economía, Luis Caputo, concurra al Congreso a explicar el destino de los recursos.

Rasquetti confirmó que ese reclamo forma parte de lo que comenzó a discutirse a partir de la reunión de la Comisión de Obras Públicas. Además, recordó que la diputada Victoria Tolosa Paz presentó una denuncia penal por presunta malversación de fondos.

Los otros componentes del ICL

El reclamo bonaerense, de todos modos, no se limita al estado de las rutas. Rasquetti planteó que dentro de los recursos vinculados al ICL existen también otros destinos de infraestructura, entre ellos obras hídricas, transporte eléctrico y vivienda, y cuestionó que la falta de inversión termine trasladando responsabilidades hacia las provincias.

«No nos preocupa solamente el estado de la ruta, sino también sobre la capacidad de inversión en las obras hídricas» explicó y agregó: «Estamos hablando del cambio climático, ahora entramos en la etapa de lluvias y toda la inversión hídrica no se hizo tampoco porque está depositada en el Ministerio de Economía para el superávit ficticio».

Por ahora, el punto central de la discusión sigue siendo el mismo que puso en marcha la polémica: cuánto se recauda a través del impuesto a los combustibles, cuánto de ese dinero llega efectivamente al sistema vial y bajo qué criterio se decide el destino del resto.

Mientras tanto, en la provincia de Buenos Aires el deterioro de las rutas nacionales sigue funcionando como el principal argumento de quienes cuestionan el destino de esos fondos. La discusión que se abrió en el Congreso ahora deberá determinar cuánto se recauda, cuánto se ejecuta y, sobre todo, bajo qué criterio se decide el destino efectivo de los recursos que los usuarios pagan cada vez que cargan combustible.