El Gobierno de Javier Milei volvió a poner la mira sobre el tiempo de trabajo y empujó una idea que ya genera ruido en sindicatos y especialistas: un esquema que habilite jornadas de hasta 12 horas a través del “banco de horas”. La lógica oficial apunta a estirar turnos, mover horarios con discrecionalidad empresarial y reorganizar tareas según las necesidades del negocio, incluso cuando eso complique la vida cotidiana de quienes dependen de un ingreso que viene perdiendo aire desde hace meses.
El planteo reabrió una disputa histórica: quién define cómo se reparte el tiempo entre el empleo y el resto de la vida. La gestión libertaria, que ya avanzó con la Ley Bases y sus recortes de derechos, apuesta a una flexibilización más profunda. Del otro lado crecen las demandas por más control personal del horario, un reclamo que aparece cada vez con más fuerza entre trabajadores que necesitan estudiar, cuidar, descansar o sumar changas ante salarios que no alcanzan.
En paralelo, un equipo de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) difundió un trabajo que señala otro camino posible. La investigación detectó que una porción relevante del empleo formal tiene margen para adoptar acuerdos de “soberanía del tiempo”, un concepto impulsado por la OIT que habilita mayor autonomía sin precarización. Más del 40% de los puestos con horarios totalmente rígidos podría reorganizarse sin riesgo para la protección social.
El estudio, elaborado por Matías Maito, Ignacio Garay y Lila Schachtel, tomó como base la Encuesta Nacional de Condiciones de Empleo, Trabajo, Salud y Seguridad y desarrolló un indicador propio que mide cuánta libertad tienen los trabajadores para administrar pausas, ritmos y tareas. Los autores detectaron que un 11% de los empleos formales muestra alta viabilidad para incorporar acuerdos de control horario por parte de quienes trabajan; un 27% aparece con viabilidad media y otro 39% con baja. En otras palabras, existe un terreno real para discutir alternativas que no dependan de desregular ni recortar.
Al analizar rubro por rubro, el potencial se amplía en servicios financieros, inmobiliarios, de alquiler y en varias actividades del sector primario. Allí, dos tercios de los puestos con horarios fijos podrían migrar hacia esquemas más flexibles sin perder derechos. En cambio, sectores como construcción, hoteles, gastronomía e industria necesitan acuerdos más precisos por su organización interna. La formación también pesa: entre profesionales con horarios rígidos, el 85% podría acceder a mayor autonomía.
En ese marco, Maito planteó que “hoy hay una aspiración genuina por redefinir las fronteras entre el trabajo y la vida personal. Poder decidir cuándo trabajar, equilibrar responsabilidades, combinar cuidado, formación, ocio y descanso”. Y aclaró que “el problema es que el precio para alcanzarlo es la exclusión de los derechos laborales”. Aun así, sostuvo que “esa incompatibilidad puede ser superada”.
La discusión no ocurre en el vacío. Varios países avanzaron hacia más derechos: Reino Unido, Australia, Países Bajos, España y Finlandia permiten solicitar horarios flexibles, sobre todo para quienes tienen responsabilidades de cuidado. En la región, Chile, Brasil, Uruguay y Paraguay ya dieron pasos en esa dirección.
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