En las estaciones de servicio de la Ciudad de Buenos Aires, el precio de los combustibles subió más de 11% en apenas tres meses, pese a que las empresas ya no comunican oficialmente las subas. La decisión del gobierno de Javier Milei de liberar el mercado y reducir los controles habilitó un esquema de aumentos fragmentados y poco visibles que, lejos de “sincerar” la economía, se transformó en una vía silenciosa de ajuste para los hogares.
Desde julio, la nafta súper supera los $1.170 por litro, la premium ronda los $1.400 y el gasoil se ubica por encima de los $1.300, con valores similares en el conurbano. Mientras el discurso oficial insiste en que la inflación “está bajando”, los surtidores desmienten esa narrativa: los aumentos se acumulan sin avisos ni conferencias de prensa, consolidando una estrategia de invisibilización.
La práctica se profundizó a partir de la desregulación total del sector, impulsada por el presidente Milei y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo. Según la versión oficial, el objetivo fue “devolverle competitividad” al negocio petrolero. Pero en la realidad cotidiana, el resultado fue un incremento sostenido y descoordinado que encarece el transporte, la logística y los alimentos, afectando principalmente a los sectores populares.
De acuerdo con estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), cada punto de aumento en el precio de los combustibles suma 0,2 puntos adicionales a la inflación mensual. Este efecto cascada explica parte de la resistencia de los precios a bajar, incluso en meses en los que el Gobierno celebró una desaceleración general.
La apertura del mercado no trajo competencia ni descuentos. El sector continúa altamente concentrado: YPF, Shell, Axion y Puma controlan más del 90% de las ventas y ajustan de manera prácticamente sincronizada. A esto se agrega la dolarización del barril interno, que ata los precios locales a las variaciones del crudo y del tipo de cambio, mientras los salarios siguen estancados.
Desde mediados de 2024, las empresas dejaron de emitir comunicados sobre sus listas de precios. Los aumentos se aplican de forma discreta y hasta varían según el barrio. El resultado es un encarecimiento acumulado del 11,1% en un trimestre que contradice la idea de “estabilidad” que el Ejecutivo intenta instalar.
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