A once años de la primera convocatoria, una nueva movilización de Ni Una Menos volvió a ganar las calles este 3 de junio con una masiva concentración que terminó en Plaza de Mayo. Bajo la consigna «Vivas, libres y desendeudadas nos queremos», miles de personas participaron de la jornada que combinó reclamos históricos con cuestionamientos a las políticas actuales.
La actividad central, prevista inicialmente para las 17, comenzó cerca de las 18:30 con la lectura de un documento consensuado por organizaciones feministas. El texto abrió con una definición contundente: “el grito de hartazgo que hace once años salió a las calles”.
Durante el acto se renovaron los pedidos de justicia por los femicidios de Agostina Vega, Dulce Candia y Noelia Romero, casos que atravesaron buena parte de las consignas. En ese marco, también se escucharon reclamos como: “¡Contra el ajuste sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas, vivas, libres y desendeudadas nos queremos!», «¡Basta de femicidios, lesbicidios, travesticidios y crímenes de odio!» y «El Estado es responsable”.
El documento hizo eje en la situación actual de las políticas de género y denunció un fuerte retroceso. «Entre el 3 de junio de 2015 y el 24 de mayo de 2026 se registraron al menos 3.205 víctimas letales de violencia de género», señalaron, al tiempo que cuestionaron discursos oficiales que ponen en duda la figura del femicidio.
Uno de los tramos más duros del texto apuntó al funcionamiento del sistema judicial y a la responsabilidad estatal. «Nos movilizamos cargando la tristeza y la rabia de los femicidios, lesbicidios, travesticidios y crímenes de odio más recientes y de todes les que ya no están. Estamos conmovidas por el femicidio de Agostina Vega, adolescente de 14 años de Córdoba, y exigimos la renuncia del Ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros y la destitución de los fiscales Raúl Garzón e Iván Rodríguez por la desidia organizada del Poder Judicial que la desprotegió y garantizó la impunidad. Este caso sintetiza las violencias institucionales a las que nos somete el Estado», expresaron.
Además, las organizaciones denunciaron un «antifeminismo de Estado» y vincularon el ajuste económico con la reducción de herramientas para prevenir y asistir situaciones de violencia. «El gobierno de Milei avanza sobre nuestros derechos: eliminó las ya insuficientes políticas para prevenir, atender y erradicar las violencias por motivos de género. La mayoría de los gobiernos provinciales, en complicidad con el Gobierno nacional, retiraron o vaciaron sus políticas públicas en materia de género y diversidad. Necesitamos recuperar, ampliar y fortalecer las políticas públicas en materia de género en todas las jurisdicciones», afirmaron.
Entre los reclamos también aparecieron la implementación efectiva de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la Educación Sexual Integral y el reconocimiento del trabajo comunitario en barrios populares.
Rechazo al proyecto sobre “falsas denuncias”
Otro de los puntos destacados del documento fue la crítica al proyecto impulsado por la senadora Carolina Losada. Según expresaron, la iniciativa busca «blindar la pedofilia y silenciar a quienes la denuncian». En ese sentido, reforzaron consignas como «No hay falsas denuncias, faltan denuncias» y rechazaron las revinculaciones forzadas.
La jornada cerró con una reafirmación del carácter colectivo del movimiento: «Frente al odio, más organización; frente al saqueo, más solidaridad; frente a la crueldad, más comunidad. Somos quienes sostenemos la vida y también quienes podemos transformarla. Hasta que la dignidad se haga costumbre, seguiremos en las calles».
La respuesta del oficialismo
Desde el Gobierno, distintas voces buscaron relativizar las consignas de la movilización. La senadora Patricia Bullrich publicó en redes sociales: «No son todos los hombres, ni las políticas del Gobierno, ni el capitalismo. Es una persona concreta. La responsabilidad es individual y la pena también», mensaje que fue replicado por el presidente Javier Milei.
En otra publicación, Bullrich insistió en su postura: «En el caso de Agostina hay un asesino con nombre y apellido. No son todos los hombres, ni las políticas del Gobierno, ni el capitalismo. Es una persona concreta». Y agregó: «Aún así la definición más importante es otra: EL QUE LAS HACE, LAS PAGA. Un asesino o un violador no debe recibir un curso de género y una palmadita en la espalda, sino saber que hay consecuencias y que su lugar es la cárcel».
La funcionaria también defendió el enfoque del Gobierno en materia de seguridad: «Nuestro feminismo no encubre ni libera violadores y asesinos. No vota contra la prisión efectiva para ellos ni contra herramientas como el Registro de ADN. No tiene un discurso para afuera y otro para adentro. Y no necesita un Ministerio ideológico con un presupuesto multimillonario y cero logros. Al contrario: nosotros los hacemos pagar».
Por último, sostuvo que durante la actual gestión se logró reducir los femicidios y reforzar el sistema penal. «Desde que asumió el Gobierno de Javier Milei, y bajo nuestra gestión en Seguridad, logramos bajar un 25% los femicidios, fortalecimos el Sistema Penitenciario y creamos el Registro de ADN para Violadores», aseguró.
La movilización volvió a dejar en evidencia la tensión entre el movimiento feminista y el oficialismo, en un contexto atravesado por denuncias de ajuste y retroceso en políticas públicas.