En el arranque del verano y con el sistema eléctrico bajo presión, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) modificó el mecanismo con el que se fijan las multas a Edenor y Edesur, una decisión que reduce de manera significativa el costo de las sanciones por cortes de luz, deficiencias en el suministro y demoras en los pagos.
La medida quedó plasmada en la resolución 808/2025, firmada por el organismo que conduce Néstor Lamboglia, en pleno proceso de fusión con el ENARGAS. Allí se introdujeron cambios al Reglamento de Valorización de Sanciones, que ahora toma como referencia el Valor Agregado de Distribución (VAD) medio —la remuneración que reciben las empresas por el servicio— multiplicado por 1,5 para calcular penalidades durante el período 2025–2030.
Según la norma, el nuevo esquema rige de manera retroactiva para todas las sanciones aplicadas desde el 1 de marzo de 2025. El ajuste se vincula con la Revisión Tarifaria Quinquenal (RQT), la renegociación contractual que el Gobierno cerró en abril con las distribuidoras eléctricas.
El cambio no resulta menor. Hasta ahora, las multas se calculaban en función del costo promedio de la energía en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), un parámetro más elevado que el VAD. Al reemplazar esa base, el impacto económico de cada sanción se reduce de forma directa para las compañías que operan en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
La nueva fórmula se aplicará ante interrupciones reiteradas o prolongadas del servicio, reclamos por consumos excesivos, sanciones automáticas por incumplimientos en la reparación de cables de media y baja tensión, entre otros ítems contemplados en el régimen de control.
Desde el ENRE defendieron la decisión con argumentos técnicos y económicos. En un informe interno, el organismo sostuvo que el cambio apunta a una “necesidad técnica y económica de desvincular el valor de la penalización de una variable externa a las decisiones empresariales – el COSTO MEM – y de orientarla hacia los costos que reflejan las decisiones deoperación, mantenimiento e inversión propias de la distribuidora”.
En ese mismo documento, el ente regulador afirmó que “el VAD medio refleja de manera más fiel la eficiencia de gestión de cada empresa” y que, “al estar vinculado directamente con el ingreso del distribuidor, genera un incentivo real para mantener o mejorar la calidad del servicio, técnico y comercial”.
Además, el ENRE advirtió que una base sancionatoria elevada y desligada de los ingresos de las empresas “debilita ese incentivo, genera riesgos de ineficiencia y pone en riesgo los derechos de los usuarios de recibir un servicio con los niveles de calidad definidos en el proceso de RQT pues atenta contra la sostenibilidad del mismo”.
La decisión llega en un contexto sensible, con altas temperaturas, mayor demanda eléctrica y un historial reciente de cortes masivos, mientras el Estado redefine su rol como regulador frente a las principales distribuidoras del país.
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