La política previsional que impulsa el gobierno de Javier Milei provocó un deterioro profundo en los ingresos de las personas jubiladas. Un estudio del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) señala que, desde diciembre de 2023, las decisiones oficiales implicaron una poda superior al 25% sobre los haberes que paga la ANSES, con un efecto especialmente duro sobre quienes cobran la mínima.
El trabajo advierte que la modificación de la fórmula de movilidad, aplicada a través del DNU 274/2024, alteró de manera estructural el mecanismo de actualización. El esquema actual ajusta los haberes exclusivamente por inflación y dejó sin efecto la Ley 27.609, vigente desde 2021. Aunque ese cambio permitió una recuperación parcial tras el derrumbe del primer trimestre de 2024, el balance de mediano plazo resulta claramente desfavorable para los jubilados.
De acuerdo al informe, en diciembre de 2025 la jubilación mínima, sin contar el bono, se ubicó en $340.886 luego de un aumento del 2,3% atado al IPC. Si la fórmula anterior se mantenía, ese ingreso mensual habría trepado hasta $434.279, lo que representa una diferencia del 27,4%. Además, en varios momentos clave —como septiembre y diciembre de 2024 y marzo, junio y septiembre de 2025— el mecanismo derogado otorgaba subas más altas que las finalmente aplicadas.
El relevamiento subraya que el ajuste por inflación evita nuevas caídas reales, pero bloquea cualquier posibilidad de recomposición del poder adquisitivo perdido. En contraposición, la Ley 27.756, aprobada por el Congreso y vetada por el Ejecutivo, contemplaba una mejora inicial del 7,2%, un haber mínimo equivalente al 109% de la Canasta Básica Total de un adulto y un refuerzo anual atado a la evolución real de los salarios.
El deterioro se agrava por la situación del bono previsional. El Gobierno mantiene congelado desde marzo de 2024 el refuerzo de $70.000 que percibe cerca del 70% de los jubilados. Mientras los haberes subieron un 154% entre marzo de 2024 y diciembre de 2025, el ingreso total de la mínima con bono incluido apenas avanzó un 101%, lo que marca una pérdida significativa.
Según CEPA, si ese bono acompañaba la actualización del haber básico, en diciembre de 2025 debía rondar los $177.485, más del doble del monto actual. La brecha expone el atraso deliberado en el ingreso final que reciben los jubilados. Incluso la ley sancionada en julio de 2025 —también vetada por Milei— proponía una corrección parcial: un aumento extraordinario del 7,2% y la actualización del bono a $110.000 con ajuste automático por inflación.
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