La adquisición de una aeronave por parte de la Fuerza Aérea Argentina volvió a encender alarmas dentro del propio ámbito militar. El proceso, que se resolvió en cuestión de días durante 2025, terminó con la compra de un avión por más de 4 millones de dólares, pese a que en el mercado existían unidades similares —e incluso en mejor estado— por casi la mitad de ese valor.
El procedimiento arrancó con un pedido técnico que llamó la atención puertas adentro: la solicitud fue firmada por un ingeniero sin funciones operativas directas en el área que iba a utilizar la aeronave. Según fuentes del sector, este tipo de decisiones suele recaer en personal con experiencia en operaciones aéreas, lo que generó sospechas sobre una posible orden jerárquica detrás de la iniciativa.
A partir de ese requerimiento, la estructura administrativa avanzó con una velocidad inusual. En apenas una semana se elevaron los informes técnicos, se fijó un presupuesto y se dio curso legal a la licitación. El monto previsto quedó justo por debajo del límite que obliga a pedir autorización al Ministerio de Defensa, lo que evitó controles adicionales.
Otro punto crítico fue la ausencia de un estudio de mercado que permitiera establecer un precio de referencia. Sin esa comparación previa, el proceso quedó expuesto a discrecionalidad en la fijación del valor final.
Pliegos a medida y competencia restringida
La licitación tuvo plazos extremadamente cortos: los oferentes contaron con apenas dos semanas para presentar propuestas, cuando en el sector aeronáutico ese tipo de procesos suele extenderse al menos un mes. Además, una circular posterior delimitó los modelos posibles a un grupo muy reducido, lo que en la práctica dejó fuera a varios competidores.
Solo dos empresas lograron presentar ofertas. Una de ellas quedó descartada por no ajustarse exactamente a los modelos especificados, pese a ofrecer una aeronave más económica y en mejores condiciones. La otra, en cambio, resultó adjudicataria con un avión que encajaba perfectamente en los requisitos técnicos establecidos.
Inspección con múltiples observaciones
Cuando una comisión oficial viajó a Estados Unidos para revisar la aeronave seleccionada, detectó una larga lista de problemas: piezas faltantes, signos de desgaste extremo, corrosión en componentes clave y posibles filtraciones. También se constató que el avión tenía más de 33 mil horas de vuelo y menor capacidad de pasajeros que otras opciones disponibles.
A pesar de estas observaciones, la compra avanzó sin modificaciones. Incluso se verificó que la aeronave ya estaba pintada con los colores de la Fuerza Aérea antes de que se formalizara la adjudicación, lo que reforzó las sospechas de que el resultado estaba definido de antemano.
Sobreprecio millonario
La diferencia económica resultó contundente. Mientras la Fuerza Aérea pagó 4.085.000 dólares, otro cliente recibió una cotización por una aeronave similar —y en mejores condiciones— de apenas 2.300.000 dólares. La brecha supera los 1,7 millones de dólares, lo que representa un sobreprecio cercano al 50%.
Especialistas del sector remarcan que, si bien los valores pueden variar según el estado y el historial de uso, no suelen registrarse diferencias tan amplias entre unidades comparables.
Impugnaciones frenadas y falta de transparencia
La empresa que quedó fuera del proceso intentó impugnar la decisión, pero se le exigió el pago de una garantía de 180 mil dólares para avanzar con el reclamo. La firma rechazó esa condición al considerarla restrictiva y contraria a los principios de control administrativo.
Además, fuentes internas señalaron que parte de la documentación vinculada a esa impugnación no fue incorporada al expediente oficial.
El mecanismo de pago también generó cuestionamientos. En lugar de transferir directamente al proveedor, se utilizó una cuenta escrow, una herramienta habitual en operaciones internacionales pero que, en este caso, dificulta el seguimiento de los fondos y reduce la transparencia.
Así, el caso del avión adquirido en 2025 no aparece como un hecho aislado, sino como parte de un mecanismo que combina licitaciones aceleradas, requisitos técnicos direccionados y valores alejados de los estándares del mercado.