En medio de la causa judicial que investiga el manejo de fondos públicos en el Ministerio de Capital Humano, surgió una fuerte controversia por la reasignación de más de 8.300 millones de pesos originalmente destinados a la compra de alimentos para comedores populares. La ministra Sandra Pettovello firmó el desembolso total de $14.000 millones a través de un convenio con el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), pero no quedó claro qué ocurrió con más de la mitad de ese monto.
La operación, que en teoría apuntaba a adquirir leche, arroz y fideos para el programa “Abordaje Comunitario del Plan Argentina contra el Hambre”, fue eje de una denuncia penal por presuntas irregularidades. El fiscal federal Franco Picardi advirtió en su dictamen que el ministerio no presentó documentos que justifiquen a dónde fue ese dinero: “No se incorporó al caso copia del expediente administrativo correspondiente a dicha reasignación, ni se aportaron actos administrativos, informes técnicos, constancias de compra, entrega o distribución que permitan verificar el efectivo destino de esos fondos”.
Una licitación poco transparente y sin control de Jefatura
El proceso, impulsado por el entonces secretario Pablo De La Torre, incluía compras de 1 millón de paquetes de cada producto: leche en polvo, arroz y fideos. Las firmas adjudicatarias fueron Alimentos Vida S.A., Mafralac Alimenticia S.R.L., Valquiria S.A. e Inversiones para el Agro S.A., aunque esta última desistió de participar antes de concretar la entrega.
Pese a tratarse de una suma que supera los $2.700 millones, Pettovello rubricó el desembolso sin la intervención del jefe de Gabinete, lo que generó cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento. Picardi subrayó que “no quedaba del todo clara la legalidad del procedimiento por el cual Pettovello había dispuesto la transferencia de los 14.000 millones sin la intervención del jefe de gabinete más allá de las particularidades por tratarse de un convenio internacional”.
El Ministerio sostuvo que los fondos no utilizados se reasignaron por resolución interna para incrementar el valor de las raciones alimentarias en un 40%. Sin embargo, el fiscal cuestionó que no hay ningún tipo de comprobante: “Esa ausencia de documentación impide reconstruir el circuito financiero completo de los fondos públicos involucrados y verificar si se ajustaron a los fines establecidos en el programa”.
El juez Lijo cerró la causa, pero el fiscal apeló
El juez federal Ariel Lijo dio por válidas las explicaciones del ministerio y archivó la causa el mes pasado. Según sostuvo, los alimentos fueron entregados en diversas jurisdicciones, respaldado por actas y órdenes de compra. También consideró legal el esquema de contratación por tratarse de un convenio internacional con una comisión del 3% en concepto de gestión.
Pero Picardi no estuvo de acuerdo y pidió que se reabra el expediente: “Se desconoce la trazabilidad de los más de ocho mil millones de pesos restantes que habrían sido remitidos a la Subsecretaría de Políticas Sociales para su reasignación a las prestaciones alimentarias brindadas por los espacios comunitarios”.
El fiscal solicitó que se exija al Ministerio de Capital Humano que entregue toda la documentación respaldatoria: resoluciones, convenios, informes técnicos, órdenes de pago y cualquier otro elemento que permita verificar si el dinero se utilizó correctamente.
Ahora será la Cámara Federal la que deberá decidir si la investigación continúa o si se ratifica el cierre dispuesto por Lijo.
Acusaciones por cortar la asistencia alimentaria
Esta no es la única causa que compromete a Pettovello. La ministra también fue denunciada por suspender la entrega de alimentos a más de 40.000 comedores populares en todo el país. La Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) fue la primera en judicializar la decisión, y más tarde se sumaron decenas de presentaciones en el fuero contencioso administrativo.
El dirigente social Juan Grabois, en representación de comedores y merenderos, exigió la indagatoria de Pettovello por “incumplimiento de los deberes de funcionaria pública, abuso de autoridad y violación del derecho a la alimentación”. Aseguró que “ya intervinieron 12 jueces en el tema y siempre le dieron la razón a los querellantes”, y además llevó el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La ministra, por su parte, volvió a insistir ante el juez Sebastián Casanello para que la sobresean. Mientras tanto, las pruebas acumuladas, como la existencia de galpones con alimentos almacenados a punto de vencerse en Villa Martelli y en Tucumán, siguen pesando en su contra.
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