Universidades exigieron el cumplimiento de la ley con clases públicas en Tribunales

La comunidad universitaria realizó ayer una jornada de clases abiertas frente al Palacio de Tribunales en la Ciudad de Buenos Aires, donde docentes, estudiantes y autoridades reclamaron la puesta en marcha de la Ley de Financiamiento Universitario y cuestionaron el recorte presupuestario sobre el sistema educativo.

Bajo la consigna “Señores jueces, que Milei cumpla la ley”, la actividad se extendió desde la mañana hasta la tarde y reunió a distintos sectores vinculados a la educación superior. La iniciativa se montó como continuidad de la última movilización masiva en defensa de las universidades públicas y buscó sostener el reclamo en el espacio público.

Durante la jornada, se dictaron clases abiertas en la vía pública para exponer las dificultades que atraviesan las casas de estudio, según denunció el sector. Entre los ejes centrales aparecieron los salarios, el financiamiento de becas, el funcionamiento de la investigación y la situación general del sistema científico.

En ese marco, distintos participantes expusieron su mirada en diálogo con C5N.

Valentín, estudiante de Geología, apuntó contra la situación salarial del sector: «Es necesario y urgente que aumenten los salarios a los docentes y trabajadores no docentes. Hay un gobierno que no cumple la ley. Eso no está nada bueno».

Por su parte, Sofía, también estudiante de la misma carrera, planteó la necesidad de sostener la visibilidad del conflicto: «es necesario seguir visibilizando el tema porque no se resolvió nada en dos años. La universidad pública es lo mejor del país».

Desde el plano académico, la investigadora y docente Natalia Rubinstein, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, advirtió sobre el impacto en el sistema científico y en el financiamiento de la investigación. «Estamos reclamando que se cumpla la ley de financiamiento universitario y que se dé financiamiento a la investigación en ciencia y técnica que está cortada», afirmó. Además, detalló que su salario actual ronda los 400 mil pesos.

En la misma línea, Natasha, estudiante de Física, cuestionó la demora en la implementación de la normativa: «La ley ya se aprobó, es raro que todavía no se aplique. Tenemos docentes de una calidad excelente».

También hubo cuestionamientos desde el ámbito científico. Gustavo, investigador del CONICET y docente universitario, sostuvo una mirada crítica sobre la orientación de las políticas públicas: «El presidente fue claro, dijo Conicet afuera. No hay mucha duda de cuál es el plan del gobierno para el sistema científico y universitario». Y agregó: «Ningún país se desarrolla sin ciencia. Eso es una cuestión empírica. Los países más desarrollados han invertido grandes porcentajes del PBI en ciencia».

Hacia el cierre de la jornada se sumaron intervenciones de referentes académicos y políticos, entre ellos la abogada laboralista Natalia Salvo, los diputados nacionales Lucía Cámpora e Itaí Hagman, y el secretario general de FEDUBA, Pablo Perazzi.

El conflicto por el financiamiento universitario mantiene abierto el frente entre las universidades y el Gobierno nacional. Desde la administración de Javier Milei sostienen que la aplicación de la ley pone en riesgo el equilibrio fiscal y remarcan que la norma no establece una fuente específica de recursos para afrontar los aumentos.

En paralelo, el Consejo Interuniversitario Nacional continúa con el reclamo en la vía judicial y elevó el caso a la Corte Suprema, que deberá definir el rumbo del conflicto.