¿Causa «Chocolate» como moneda de cambio? La trama que vincularía a la fiscal Lacki con un pedido de detención por una megaestafa

La investigación por la presunta megaestafa inmobiliaria que tiene entre sus damnificados al director técnico de fútbol Pedro Troglio habría tomado un giro inesperado —y altamente político— en las últimas horas. Tras el pedido de detención formulado por la defensa del DT contra el abogado penalista y exadministrador de la constructora ABES, Diego Lacki, la causa judicial habría entrado en un terreno de aparentes negociaciones cruzadas.

El trasfondo de esta solicitud de arresto encendió las alarmas en los pasillos del fuero penal de La Plata. Esto no se debería solo a la red familiar del acusado —quien es hermano de Javier Lacki y cuñado de la fiscal bonaerense Betina Smolinsky de Lacki—, sino a una llamativa coincidencia de actores protagónicos en causas de alto voltaje institucional.

El eslabón clave en este presunto entramado es Miguel Molina. El letrado que patrocina a Troglio y que impulsa activamente la encarcelación de Diego Lacki es, de manera simultánea, quien ejerce la defensa técnica de Julio «Chocolate» Rigau, el puntero imputado por las extracciones masivas con tarjetas de débito pertenecientes a la Legislatura bonaerense, reconstruyó Infocielo.

Frente a este escenario, en los tribunales comenzó a circular con fuerza una hipótesis sobre el manejo de los tiempos judiciales. Según observó el medio platense, existiría la presunción de que la fiscal Lacki habría acelerado la causa de los «tarjeteros» —cuyas filtraciones llegan rápidamente a los medios porteños— con el aparente objetivo de garantizar protección a su círculo familiar. Las versiones indican que fiscalías y distintos sectores de poder estarían buscando dilatar y «planchar» el expediente de los fideicomisos de ABES, evitando así que Diego Lacki termine tras las rejas.

En contraposición a la parálisis que exhibiría el expediente inmobiliario, se observaría un aceleramiento en el tramo que investiga la presunta recaudación en la Cámara de Diputados. De este modo, la presencia de Molina a ambos lados del mostrador podría configurar un virtual tablero de negociación donde los expedientes funcionarían como moneda de cambio directa.

En medio de este clima de extrema tensión judicial, el juez de Garantías Guillermo Atencio redobló la apuesta y presentó una denuncia penal ante el juzgado de Álvaro Garganta contra las autoridades de la Cámara de Diputados por el presunto delito de encubrimiento. En respuesta, desde las autoridades de la Legislatura dejaron trascender a la prensa que el lunes habría «una respuesta contundente» ante lo que consideran embates sistemáticos.

El trasfondo de la megaestafa de ABES

La presentación judicial que busca efectivizar la prisión de Diego Lacki fue radicada días atrás por el abogado Molina ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 de La Plata, conducida por el fiscal Gonzalo Petit Bosnic.

La causa, que indaga la paralización de obras y el colapso financiero de la constructora ABES, acumularía más de 150 denunciantes y un perjuicio económico global que, según estimaciones, rondaría los 20 millones de dólares. Entre las víctimas se encuentra Troglio, quien denunció haber sido defraudado por una suma superior a los 157.000 dólares, presuntamente invertidos en los fideicomisos denominados ABES Dezzeo y ABES Lucero.

Como material probatorio para demostrar el aparente ardid financiero, la querella aportó 66 audios de WhatsApp intercambiados entre Diego Lacki y Fernando Gil (un allegado al entrenador que habría actuado como nexo). A esto se le sumarían comprobantes de millonarias transferencias bancarias que habrían tenido como destino final diversas cuentas radicadas en la ciudad de Miami, Estados Unidos.