Caputo, las retenciones y la desesperación por los dólares

En medio de la presión por reforzar las reservas antes de los vencimientos de deuda de enero, el ministro de Economía, Toto Caputo, anunció otra reducción de retenciones para los principales cultivos. La movida refleja la urgencia del Gobierno por conseguir divisas y retomar el flujo de liquidaciones que el campo venía frenando.

El recorte deja a la soja en 24% y a sus derivados en 22,5%. El trigo y la cebada pasan a 7,5%, mientras que maíz y sorgo caen a 8,5%. El girasol baja a 4,5%. Economía calcula un costo fiscal cercano a los 500 millones de dólares, un impacto que la Casa Rosada pretende compensar con mejores precios internacionales.

Productores del sector venían avisando que el tipo de cambio actual no los incentivaba a vender. Lo remarcaron sin vueltas: «Con el actual valor del dólar liquidarían solo lo necesario para cubrir costos y se sentarían a esperar mejores condiciones». La advertencia golpeó de lleno en despachos oficiales, donde temen que el freno se consolide durante el verano.

En el Gobierno reconocen que el agro tiene margen para tensar. La jugada de septiembre —cuando Caputo llevó las retenciones a cero— abrió un ciclo del que Economía no logra salir. En el campo lo sintetizan con una frase que circula desde hace semanas: «Le va a volver a pasar», convencidos de que la soja saldrá en cuentagotas durante marzo y abril y que los grandes volúmenes recién aparecerán cuando el Ejecutivo enfrente otro ahogo financiero.

Según técnicos del sector, con la alícuota en 24%, una nueva baja a cero implicaría un dólar de 1800 pesos para la liquidación. Ese dato refuerza la idea de que los productores esperarán un mejor momento para vender.

La decisión también reabre tensiones con el Fondo Monetario, que rechaza recortes en este impuesto por el impacto directo sobre el equilibrio fiscal. La rebaja total de septiembre provocó una pérdida de 0,35% de la recaudación. Milei promete cerrar el año con un superávit del 0,5%, pero para 2026 comprometió con el organismo una meta mucho más exigente: 2,5% del PBI. A eso se suma el reclamo de los gobernadores, que exigen casi un punto del producto que —según denuncian— quedó sin transferir.

El Gobierno transita así otro capítulo de un conflicto que arrancó a principios de año, cuando se lanzó una reducción temporaria que luego se transformó en permanente. En septiembre, la eliminación total de las retenciones buscó destrabar unos 7 mil millones de dólares del agro. Aquella apuesta terminó beneficiando a las cerealeras, le dio un mínimo respiro al oficialismo antes de las elecciones y dejó abierta la puerta a la presión que hoy vuelve a sentirse.

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