En una jugada que reavivó temores por una nueva fuga de capitales, el Banco Central decidió levantar las principales barreras que frenaban el ingreso y egreso de fondos especulativos. A través de la Comunicación A8257, la gestión de Javier Milei eliminó la llamada “restricción cruzada” que impedía operar con dólares financieros antes o después de acceder al mercado oficial, y además suprimió el plazo mínimo de permanencia de seis meses que debían cumplir los capitales extranjeros.
Aunque la medida se presenta como un incentivo para que fondos internacionales participen de la colocación de bonos del Tesoro, también abre la puerta para que grandes inversores locales saquen dólares del país sin trabas, usando estructuras radicadas en paraísos fiscales como Islas Caimán. Así, se refuerza un esquema de endeudamiento cada vez más riesgoso, que sostiene las reservas con dólares prestados mientras permite que otros salgan sin control.
Desde la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en abril, el Banco Central sumó 14.379 millones de dólares a sus reservas. Pero lo hizo al costo de asumir una deuda aún mayor: 15.409 millones. “Todo para bancar un dólar barato que frene la inflación, pero sin resultados”, señalan analistas. En mayo, el IPC subió 1,2% y la inflación núcleo —la que excluye precios regulados— trepó al 2,2%.
La Comisión Nacional de Valores también colaboró con la liberalización, eliminando el tope diario de 200 millones de pesos para transferencias al exterior. La decisión beneficia directamente a los fondos que compran bonos en dólares, los venden en pesos y luego vuelven al mercado cambiario para recomprar divisas. Sin los controles anteriores, el circuito de fuga queda completamente liberado.
Aunque el Gobierno dice apuntar a atraer inversión extranjera, en el mercado ya señalan que los principales beneficiados son inversores locales que operan a través de las ALyC y sus filiales off shore. Muchos de estos jugadores ya venían utilizando los Bopreal, bonos del BCRA para girar dólares al exterior, a costa de pagar un sobrecosto del 9%.
En paralelo, el Banco Central convocó una nueva licitación de Bopreal para el 18 de junio, con vencimiento en octubre de 2028. Se permitirá colocar hasta 3.000 millones de dólares, y hasta un tercio del total podrá rescatarse antes o usarse para pagar impuestos. Se trata, en los hechos, de una vía oficial para dolarizar y fugar sin restricciones.
La decisión de levantar estos controles ocurre a menos de un mes del próximo pago de intereses de la deuda, con un Riesgo País que se mantiene por encima de los 650 puntos y bonos que no logran recuperar el impulso de principios de año. Desde el sector financiero observan que la desregulación actual podría repetir la experiencia de 2018, cuando una avalancha de capitales especulativos desató una corrida que dejó secuelas profundas.
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