La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, enfrenta una denuncia penal por “abuso de autoridad” luego de que su cartera impulsara un pedido de allanamiento contra los domicilios de los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, quienes difundieron audios vinculados a presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
El abogado Gregorio Dalbón fue quien presentó la denuncia, sosteniendo que la maniobra oficial constituye un ataque directo a la libertad de expresión. “De conformidad con lo normado en los arts. 174 y ss. del Código Procesal Penal de la Nación, vengo a formular denuncia penal contra la Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en orden al delito de abuso de autoridad, en virtud de la denuncia penal que promoviera contra periodistas y medios de comunicación con el único fin de amedrentarlos, censurarlos y restringir la libertad de prensa, solicitando medidas manifiestamente contrarias a la Constitución y a los estándares internacionales en materia de libertad de expresión”, expresó en el escrito.
Dalbón citó los artículos 14 y 32 de la Constitución Nacional, que garantizan la publicación de ideas sin censura previa, y remarcó que el pedido de allanamientos “constituye una medida intimidatoria que busca paralizar la actividad periodística, afectando la labor de informar y el derecho de la ciudadanía a ser informada”.
En la presentación se advirtió que “el Gobierno Nacional, a través de su Ministerio de Seguridad, ha instrumentalizado la denuncia penal como herramienta de intimidación, con el objeto de amedrentar a periodistas y condicionar la libertad de prensa”.
“Grave precedente institucional”
El abogado también señaló que la ofensiva contra Rial y Federico vulnera tratados internacionales y deja en riesgo el derecho a la protección de las fuentes. “El periodismo no puede ser perseguido por difundir información de interés público, ni obligado a revelar sus fuentes”, recordó, y alertó que “esta práctica configura un grave precedente institucional, pues abre la puerta a que cualquier gobierno intente silenciar medios críticos mediante denuncias por ‘inteligencia ilegal’”.
En otro tramo del documento, Dalbón subrayó la “gravedad” del pedido de la ministra al pretender prohibir contenidos futuros, algo que la Constitución prohíbe de manera expresa. “El pedido de allanamiento de medios de comunicación, el secuestro de equipos de trabajo y, particularmente, la pretensión de prohibir la difusión de información periodística configuran órdenes manifiestamente contrarias a la Constitución Nacional, en tanto vulneran de manera directa la libertad de expresión (arts. 14 y 32 CN) y el derecho constitucional al secreto de las fuentes periodísticas (art. 43 CN)”, planteó.
“Un acto concreto de abuso de poder”
Para el letrado, la decisión del Gobierno no puede explicarse como un exceso administrativo o una torpeza legal, sino como una estrategia deliberada. “No se trata, por lo tanto, de un error formal ni de una mera discusión política, sino de un acto concreto de abuso de poder que pone en jaque principios esenciales del sistema democrático”, concluyó.
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