En la tarde del 19 de febrero, una nueva movilización de jubilados frente al Congreso Nacional se transformó en un escenario de violencia cuando la Policía Federal reprimió con gas pimienta a los manifestantes, quienes reclamaban contra las políticas del gobierno de Javier Milei. La protesta, que también incluyó a trabajadores de la salud y a la Asamblea Antifascista, terminó con dos personas detenidas y más de 20 heridos, incluyendo al menos diez periodistas que cubrían el evento.
La manifestación se había organizado para exigir la derogación de la reforma previsional firmada por el presidente en 2024, que modificó la fórmula de actualización de las jubilaciones. Además, los manifestantes denunciaron la reducción del número de afiliados al PAMI que pueden acceder a medicamentos gratuitos, una medida que afectó a miles de jubilados en todo el país. Como es habitual, la protesta se desarrollaba frente al anexo del Congreso, donde los jubilados se congregan todos los miércoles para hacer oír sus reclamos.
Sin embargo, la jornada de este miércoles tuvo una particularidad: se sumaron al reclamo trabajadores del sector de la salud y la Asamblea Antifascista, quienes también exigieron la prórroga de la moratoria previsional. Esta convocatoria había sido anunciada días antes en las redes sociales, donde se destacó que el 26 de febrero se realizaría una jornada nacional de lucha por la extensión de la moratoria, con la participación de sindicatos, asambleas, partidos políticos y estudiantes.
El reclamo pacífico fue interrumpido abruptamente cuando, pasadas las 18, la Policía Federal comenzó a empujar a los jubilados hacia la vereda. Ante la resistencia de los manifestantes, se activó el protocolo antipiquetes, y las fuerzas de seguridad utilizaron gas pimienta para dispersar la concentración. La represión afectó a numerosos manifestantes y, lamentablemente, a varios trabajadores de los medios de comunicación. Entre los afectados se encontraba Nicolás Munafó, periodista de C5N, quien fue alcanzado por el gas durante la cobertura de los hechos.
En medio del operativo, dos manifestantes fueron detenidos: Matías Marques y Oscar Pereyra. Según informó la Comisión Provincial de la Memoria, ambos fueron trasladados bajo cargos de «resistencia a la autoridad» y «atentado», aunque desde la Policía Federal señalaron que aún no se había formalizado una detención judicial. Además, las autoridades indicaron que hubo dos policías heridos durante los disturbios.
La tensión aumentó aún más cuando, pocos minutos después, efectivos de la Prefectura Naval se sumaron al operativo. Este despliegue se enmarca en el protocolo antipiquetes firmado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que autoriza la intervención de las fuerzas federales (Policía Federal, Prefectura Naval, Gendarmería y Policía de Seguridad Aeroportuaria) en estos tipos de movilizaciones. Aunque la normativa busca garantizar el orden público, las organizaciones sociales denuncian que estas intervenciones conllevan un exceso de violencia, especialmente contra sectores vulnerables como los jubilados.
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