La madrugada mendocina sumó un nuevo escándalo político cuando el concejal libertario de San Rafael, Martín Antolín, cayó en un control de tránsito mientras manejaba un BMW descapotable blanco sin patente y con una copa de vino en la mano. El test arrojó 1,15 gramos de alcohol por litro de sangre, más del doble del tope permitido por la Ley de Tránsito local, fijado en 0,5.
El operativo ocurrió cerca de la 1.10, a la altura de Arístides Villanueva y Tiburcio Benegas, una zona céntrica repleta de bares. Los agentes frenaron al edil y retuvieron el vehículo en el acto. También lo trasladaron a la Comisaría Sexta, donde registraron la infracción antes de girar el expediente al Juzgado Contravencional. La sanción económica podría llegar a los 5 millones de pesos.
Antolín asumió en 2023 y todavía tiene dos años por delante en su mandato. Llegó al Concejo por un espacio de origen libertario y expresó más de una vez su simpatía por las ideas de Javier Milei, aunque no integra La Libertad Avanza de manera orgánica.
Cruces políticos y reclamos de renuncia
La reacción institucional no tardó en aparecer. La vicegobernadora Hebe Casado reclamó en redes sociales un criterio uniforme frente a estos casos:
“Así como se le solicitó la renuncia al concejal de la UCR de Guaymallén por conducir con alcoholemia en valores superiores a los permitidos, hay que hacer lo mismo con el concejal libertario de San Rafael. Fin”.
El Partido Libertario también tomó distancia del edil. En un comunicado solicitó que Antolín deje su banca e informó que el Tribunal de Disciplina del espacio intervendrá para evaluar la situación.
“El comportamiento señalado constituye una falta grave a los principios éticos y a la conducta responsable que todo ciudadano y representante público debe observar. Como fuerza política basada en la responsabilidad individual, no podemos avalar ni relativizar acciones que pongan en riesgo la integridad de terceros, la seguridad pública y la confianza de quienes representamos”, expresaron.
Al cierre del texto añadieron:
“Nuestro partido sostiene que la libertad solo puede existir cuando cada individuo asume las consecuencias de sus actos. Los cargos públicos no otorgan privilegios ni excepciones: por el contrario, obligan a un comportamiento ejemplar”.
Un problema repetido en la política mendocina
El episodio de Antolín se suma a otros incidentes recientes de funcionarios al volante. En enero, el titular del Ente de Movilidad, Jorge Teves, cayó en un control con 1 gramo de alcohol por litro y terminó renunciando después de que la presión pública se hiciera insostenible.
Meses más tarde, el concejal radical de Guaymallén, Miqueas Burgoa, quedó involucrado en un caso similar: manejaba con más de 1,25 gramos de alcohol y sin licencia. Aunque recibió una sanción, evitó la destitución gracias al voto de desempate de la presidenta del Concejo, Verónica Cancela.
La ola de polémicas cruzó incluso los límites provinciales. El domingo pasado, en Bahía Blanca, el concejal Jonatan Arce dejó su banca luego de negarse a realizar un test de alcoholemia durante un control vehicular, situación que también generó un fuerte revuelo político.
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