La confirmación del ingreso a la Argentina de Flavio Bolsonaro y su posterior salida en un vuelo privado rumbo a Estados Unidos, con una escala en Ecuador, abrió un nuevo frente de conflicto político para el gobierno de Javier Milei. Diputados de distintos bloques opositores preparan denuncias judiciales y pedidos de explicaciones a funcionarios nacionales para determinar si hubo asistencia estatal en el traslado del dirigente brasileño.
Las presentaciones apuntan a esclarecer las circunstancias de su paso por el país y establecer si existieron irregularidades en los controles migratorios, un eventual encubrimiento o la utilización de recursos públicos para facilitar la operación. Entre los funcionarios señalados aparecen el canciller Pablo Quirno y el jefe de Gabinete, Diego Santilli.
La diputada Marcela Pagano promueve una denuncia para que la Justicia investigue el posible ingreso irregular de Bolsonaro y las condiciones en las que permaneció en territorio argentino antes de viajar al exterior. Entre los delitos que solicita analizar figuran la facilitación de la permanencia ilegal, el abuso de autoridad, el incumplimiento de los deberes de funcionario público y el encubrimiento.

Piden preservar las cámaras de seguridad
Como parte de las medidas solicitadas, Pagano reclamó que se resguarden las grabaciones de las cámaras de seguridad del puente internacional Tancredo Neves, del aeropuerto y de distintos sectores de Puerto Iguazú. El pedido comprende el período que va desde las 18 del lunes 26 hasta las 6 del miércoles 28 de octubre.
La intención es reconstruir los movimientos del senador brasileño y determinar si hubo coordinación entre organismos argentinos para facilitar su desplazamiento, en medio de las restricciones judiciales que enfrenta en Brasil.
El exministro de Defensa Agustín Rossi también reclamó que el jefe de Gabinete comparezca ante el Congreso para explicar la actuación de las distintas dependencias estatales involucradas.
“Bolsonaro se fugó. Milei lo ayudó. Los hechos están a la vista”, afirmó Rossi. Y agregó: “Tendrá que responder y rendir cuentas ante el Congreso por el accionar de distintas áreas del Gobierno. Un país que se presta para burlar a la Justicia y a las autoridades de otro país no es confiable. Brasil, además, es un país hermano. La Argentina no puede ser la ruta de escape de nadie”.
La denuncia también apunta al financiamiento del vuelo
El diputado socialista Esteban Paulón prepara otra presentación judicial contra el presidente Javier Milei y el canciller Pablo Quirno. El objetivo es establecer si hubo encubrimiento agravado y si el Estado argentino aportó dinero para concretar el traslado.
“Pedimos investigar el pago del avión porque la empresa Baires Fly está implicada en la causa de las coimas del 3% en el ANDIS”, sostuvo Paulón.
Por su parte, el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro acusó al Gobierno de haber facilitado la salida de Bolsonaro y cuestionó el papel que podrían haber desempeñado organismos como Migraciones, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
“Coordinan y son cómplices de una fuga, y brindan asistencia operativa para concretarla (Migraciones, PSA, SIDE). No reconocen institucionalmente el resultado de una elección en un país integrante del Mercosur y socio estratégico de la Argentina, como Brasil”, expresó.
Ferraro también advirtió que el cuestionamiento excede la discusión sobre la documentación presentada por el dirigente brasileño. “No se trata de tener los papeles en regla o no. Se trata de la gravedad de haber sido cómplice de un prófugo, de haberle brindado asistencia operativa con recursos del Estado y de haber sido parte de una supuesta operación de inteligencia”, señaló.
El decreto que la oposición pone bajo la lupa
Los legisladores de la Coalición Cívica sostienen que el propio Gobierno estableció restricciones que podrían resultar relevantes para analizar el ingreso de Bolsonaro. En particular, mencionan el DNU 366/2025, que contempla como impedimento para el ingreso y la permanencia de extranjeros la omisión de información sobre antecedentes penales, condenas o requerimientos judiciales.
La oposición también vinculó el episodio con el debate sobre el proyecto de ley de defensa de la soberanía nacional, que obtuvo un amplio respaldo en comisión el martes 27 de octubre. Los diputados cuestionan la posibilidad de ampliar las facultades del Gobierno en materia de seguridad e inteligencia sin que, a su criterio, se hayan esclarecido las actuaciones de los organismos estatales en este caso.
Otro punto bajo análisis es la ruta del vuelo privado. Según la información difundida, la aeronave partió desde la Argentina hacia Guayaquil, Ecuador. Los legisladores plantean que esa escala podría estar relacionada con la documentación necesaria para continuar el viaje hacia Estados Unidos, una hipótesis que deberá ser corroborada.
Por ahora, las iniciativas opositoras buscan que la Justicia determine si hubo responsabilidades penales y que los funcionarios nacionales expliquen cómo se produjo el ingreso, la permanencia y la posterior salida de Bolsonaro del territorio argentino.
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