La seguridad volvió a quedar en el centro de la escena política bonaerense después del crimen de un joven de 23 años en José C. Paz, asesinado de un disparo por la espalda durante el robo de su motocicleta. El episodio derivó en pedidos de refuerzo de seguridad y volvió a alimentar los cuestionamientos opositores al gobierno de Axel Kicillof.
En ese contexto, durante la conferencia de prensa de este lunes, Carlos Bianco defendió la gestión provincial, sostuvo que los principales indicadores del delito muestran una evolución favorable y cuestionó que la discusión se reduzca a declaraciones políticas.
“Nadie mejor que nosotros somos conscientes de cuáles son los problemas de la provincia de Buenos Aires porque no solo que nos preocupan, sino que nos ocupamos”, afirmó el ministro de Gobierno bonaerense.
Bianco aseguró que los indicadores de seguridad “se han reducido respecto de los últimos años” y que la tasa de homicidios cada 100 mil habitantes “viene bajando sostenidamente”. También señaló una reducción en otros delitos.
Pero el funcionario evitó presentar esos datos como una solución definitiva. “¿Esto implica que no haya delitos?”, se preguntó durante la conferencia. “No, obviamente sigue habiendo delitos”, respondió. Para el ministro, la situación no se resuelve con declaraciones políticas sino con coordinación entre los distintos niveles del Estado y recursos para las fuerzas de seguridad.
“No se va a solucionar con una preocupación o una declaración pública de algún político de la oposición indignado. Se va a solucionar con coordinación y con dotar de recursos a la provincia de Buenos Aires”, sostuvo.

Seguridad: el reclamo por los fondos nacionales
En ese punto, Bianco volvió a poner sobre la mesa uno de los argumentos centrales del gobierno bonaerense: la falta de recursos nacionales. Aseguró que se recortó elFondo de Fortalecimiento Fiscal, al que vinculó directamente con el financiamiento de políticas de seguridad y señaló que los fondos comprometidos para patrulleros tampoco llegaron.
Asimismo, el funcionario destacó que la Provincia destinó 170 mil millones de pesos a los municipios para fortalecer la seguridad y puso como ejemplo el caso de Mar del Plata, donde —según afirmó— se recibieron recursos pero no se concretó la compra de patrulleros prevista ni se estableció un plan conjunto de seguridad con la Provincia.
La discusión por la seguridad se cruza, además, con otro problema que volvió a quedar expuesto en las últimas semanas: la capacidad de alojamiento del sistema penitenciario frente a la suspensión por 60 días de la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil en la provincia de Buenos Aires.
El Régimen Penal Juvenil puso el foco en las plazas
Consultado por las condiciones para afrontar ese nuevo escenario, Bianco vinculó directamente las dificultades actuales con el financiamiento nacional. “Había un compromiso de enviar estos fondos para terminar con el plan de infraestructura penal penitenciaria de la provincia de Buenos Aires”, explicó.
El plan contempla 12.000 nuevas plazas penitenciarias. “Se pudieron ya inaugurar más de 8.300 y se están en construcción el resto, pero nos dejaron de enviar el dinero, 65.222 millones de pesos”, afirmó el ministro en relación a los recursos comprometidos para obras que el Ejecutivo Nacional dejó de girar.
A partir de allí, Bianco amplió el reclamo a otros fondos nacionales que dejaron de llegar. Mencionó convenios entre Nación y universidades nacionales para realizar 30 obras, de las cuales, según señaló, el Ministerio de Infraestructura bonaerense se está haciendo cargo de 22. También enumeró recursos que dejaron de llegar para infraestructura educativa y otros programas.
El planteo del ministro fue que las dificultades para completar la infraestructura penitenciaria forman parte de un problema más amplio de financiamiento que, desde la mirada del Ejecutivo bonaerense, se agravó a partir del recorte de recursos nacionales.
La consulta posterior apuntó directamente a la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil y a si la capacidad actual de la Provincia resulta suficiente para afrontar las nuevas condiciones de detención. La respuesta de Bianco fue contundente. “¿Alcanza? No. No, tendríamos que tener más plazas penitenciarias”, reconoció.
En ese contexto, volvió a vincular las condiciones para afrontar el sistema penal juvenil con los recursos nacionales reclamados por el Gobierno bonaerense. “Si el gobierno nacional nos devuelve esos 28 billones, seguramente tendríamos mejores condiciones” para alojar a quienes sean detenidos bajo el nuevo régimen, sostuvo.
El gobernador y las decisiones judiciales
Bianco también buscó marcar los límites de responsabilidad del Poder Ejecutivo frente a las decisiones vinculadas con las detenciones y las libertades. “El gobernador no pone preso ni saca preso”, remarcó. Así, en medio de la discusión por la capacidad del sistema ante la implementación del nuevo régimen, recordó que las decisiones sobre encarcelamiento corresponden al poder Judicial.
En ese sentido, consideró atendibles los argumentos planteados por la Justicia sobre las condiciones necesarias para implementar el régimen, pero sostuvo que el Ejecutivo debe ocuparse de ejecutar las obras y políticas que corresponden a su ámbito, sin avanzar sobre decisiones que son propias del Poder Judicial.
En medio de la presión opositora por la seguridad y de la discusión judicial sobre el Régimen Penal Juvenil, el oficialismo bonaerense vuelve a defender la misma línea argumental: los problemas existen, pero la responsabilidad por resolverlos no puede desligarse de los recursos que Nación le quitó a la Provincia.
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