AySA presentó una propuesta para modificar el sistema con el que se calculan las tarifas de agua potable y cloacas, en un momento en que el Gobierno avanza con el proceso para privatizar la compañía. El planteo será discutido en una audiencia pública convocada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) para el próximo 26 de octubre.
La convocatoria quedó establecida mediante la Resolución 41/2026, publicada este jueves en el Boletín Oficial. La audiencia comenzará a las 10 y se realizará de manera virtual, con transmisión a través del sitio web del organismo regulador.
El proyecto busca modificar un esquema tarifario que, según la documentación presentada por la empresa, lleva más de cuatro décadas sin una revisión integral. Entre los principales cambios aparece una reducción de los coeficientes utilizados para determinar las tarifas de los usuarios que no cuentan con medidor.
Actualmente existen 11 categorías zonales, con valores que van de 1,10 a 3,50. AySA propone reemplazarlas por cinco niveles, cuyos coeficientes oscilarían entre 0,75 y 2,75.
La iniciativa también contempla cambios en el valor aplicado al metro cúbico correspondiente al servicio de desagües cloacales en el sector antiguo de la Ciudad de Buenos Aires. Allí se incorporaría además el componente vinculado con la prestación de desagües pluviales.
Otro de los puntos incluidos en la propuesta es la creación de criterios tarifarios específicos para asentamientos informales y urbanizaciones cerradas.
Cuánto podrían cambiar las facturas de AySA
Las proyecciones elaboradas por la compañía muestran que el impacto no sería igual para todos los usuarios. Tomando como referencia los valores tarifarios de septiembre, el 60% tendría un incremento promedio del 22,6%.
En sentido contrario, un 20% de los usuarios tendría una reducción en el monto de su factura antes de impuestos. Para ese grupo, la baja promedio calculada por AySA sería del 14,7%. El 20% restante no tendría modificaciones.
Si se considera al conjunto de los usuarios residenciales de la Ciudad y el conurbano, la empresa estima que el nuevo esquema implicaría una suba promedio del 11,4%. De acuerdo con sus cálculos, el importe pasaría de $27.156 a $30.250, sin incluir impuestos.
El cambio también alcanzaría a quienes actualmente reciben un beneficio adicional por encontrarse dentro de las denominadas zonas bajas. El subsidio del 15% que reciben esos usuarios sería eliminado de manera progresiva en tres etapas.
Qué pasará con los terrenos baldíos
La propuesta también establece modificaciones para las cuentas correspondientes a terrenos baldíos. En este segmento, AySA calcula un incremento medio del 7,6%.
Sin embargo, el impacto tampoco sería uniforme: la empresa proyecta que el 58% de esos usuarios no tendría cambios, mientras que un 37% afrontaría aumentos que promediarían el 21,4%. El 5% restante tendría una reducción estimada del 20,9%.
En términos generales, AySA calcula que la modificación del régimen permitiría elevar sus ingresos en un 7,3%, equivalente a unos $140.057 millones tomando los valores tarifarios de septiembre.
Según la propuesta, esos recursos adicionales serían destinados íntegramente al programa de tarifa social. La empresa plantea que el incremento de la recaudación permitiría ampliar la cantidad de beneficiarios y extender la cobertura hacia barrios populares, bajo el argumento de garantizar “la equidad distributiva” y preservar el equilibrio económico-financiero de la concesión.
La discusión tarifaria tendrá lugar mientras continúa el proceso de privatización de AySA, por lo que los cambios propuestos quedarían planteados sobre el esquema económico de una empresa cuyo futuro régimen de concesión todavía está en definición.
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