El entramado judicial que rodea a Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei en la Secretaría General de la Presidencia, y a su primo Martín Menem, titular de la Cámara de Diputados, suma cada vez más capítulos. Distintos juzgados federales analizan presuntas maniobras de corrupción en organismos clave, con ramificaciones en PAMI, la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) y contratos millonarios en bancos y empresas de seguridad.
El llamado “caso Spagnuolo” concentra la atención en los tribunales de Comodoro Py. La causa nació a partir de una denuncia de Gregorio Dalbón, abogado de Cristina Kirchner, tras la filtración de grabaciones en las que Diego Spagnuolo, exdirector de la Andis, menciona supuestos sobornos vinculados a la compra de medicamentos. Según ese material, parte del dinero habría circulado a través de la droguería Suizo Argentina y alcanzado a figuras cercanas a la Casa Rosada, entre ellas Karina Milei y Lule Menem.
Los investigadores revisan llamadas y mensajes de los empresarios Jonathan y Emmanuel Kovalivker, dueños de la droguería, para determinar si existieron sobreprecios, acuerdos entre proveedores y direccionamiento de contratos. La defensa de los acusados, en cambio, exige que se anule el expediente por considerar “ilegítimas” las escuchas.
Mientras tanto, los Menem niegan toda relación con el caso. Ambos calificaron las denuncias como “una operación política” destinada a perjudicar al oficialismo en plena campaña electoral.
Tech Security y el Banco Nación, otra conexión polémica
La Justicia también avanza sobre Tech Security SRL, una empresa de seguridad privada que estuvo en manos de Martín Menem hasta cuatro días antes de asumir su banca en Diputados. El traspaso de acciones a su hermano Adrián no logró despejar las dudas en torno a un contrato por 4.000 millones de pesos con el Banco Nación. El juez Daniel Rafecas ordenó nuevas pruebas y citó a exdirectivos de la entidad para esclarecer cómo se adjudicó el servicio.
Denuncias en PAMI y delegaciones provinciales
Otra línea de investigación apunta a las delegaciones de PAMI en Chaco, Misiones, Santa Cruz, Buenos Aires y La Plata. Testimonios judiciales indican que funcionarios exigían “retornos” a empleados públicos, vinculando la maniobra a dirigentes cercanos a Lule Menem. En Santa Cruz, incluso, se desplazó al jefe del PAMI en Caleta Olivia, Sergio Torres, tras una denuncia interna.
En La Plata, la extitular del organismo, Viviana Aguirre, presentó una denuncia ante el juez Alejo Ramos Padilla que sigue en trámite.
En paralelo, más de 500 oftalmólogos advirtieron que los precios de los lentes intraoculares para cirugías de cataratas se dispararon tras un cambio en el sistema de compras del PAMI. El organismo pasó de permitir la adquisición directa de los insumos a licitar centralizadamente, lo que elevó los costos hasta diez veces por encima de los valores de mercado. Mientras los médicos denuncian sobreprecios, desde el PAMI justifican la medida con el argumento de “trazabilidad y control de insumos”.
La obra social de la UATRE y otros expedientes
El juez Sebastián Casanello también analiza irregularidades en la obra social Osprera, tras una denuncia de José Antonio Voytenco, líder de la UATRE. En ese expediente figuran reuniones de referentes sindicales y políticos con Martín Menem y colaboradores de la Casa Rosada. La Fiscalía ya solicitó indagatorias a varios implicados, entre ellos Marcelo Carlos Petroni, mencionado en chats y contactos telefónicos.
Un frente judicial y político abierto
Los procesos en marcha se multiplican en todo el país y ponen bajo presión a un sector clave del oficialismo. En Comodoro Py, Casanello y el fiscal Franco Picardi, con apoyo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, coordinan buena parte de las causas. Voceros judiciales remarcan que el objetivo es determinar si existió “un entramado de sobreprecios y cartelización en la compra de medicamentos, desvío de fondos en obras sociales y cobro de retornos en reparticiones del Estado”.
Desde el Gobierno insisten en que se trata de denuncias impulsadas por la oposición para desgastar la gestión. Sin embargo, los jueces continúan pidiendo documentos, testimonios y peritajes, mientras las elecciones legislativas se acercan y el peso político de los Menem dentro de La Libertad Avanza sigue en el centro de la tormenta.
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