En su última sesión, la Legislatura porteña aprobó un pedido de informes presentado por el legislador Andrés La Blunda para que el Gobierno de la Ciudad detalle los controles, inspecciones, habilitaciones y condiciones de seguridad del Centro Deportivo de Tiro ubicado en Tambor de Tacuarí 501, en Núñez, a partir del episodio en el que un hombre resultó herido por un proyectil mientras se encontraba en el predio vecino del Centro Naval.
El hecho ocurrió el 25 de julio, cuando un hombre de 74 años sufrió el impacto de un proyectil de arma de fuego mientras se encontraba en la sede Núñez del Centro Naval. La víctima sufrió una fractura expuesta en uno de sus brazos y debió ser intervenida quirúrgicamente. La procedencia del proyectil es materia de una investigación judicial y hasta el momento no existe una determinación definitiva sobre su origen.
A partir de lo ocurrido, la iniciativa solicita al Poder Ejecutivo porteño que informe qué actuaciones e inspecciones realizó, qué organismos intervinieron y qué medidas preventivas se adoptaron. También requiere información sobre antecedentes de aparición de proyectiles fuera de las instalaciones de tiro desde 2021 y sobre las condiciones técnicas y de seguridad de los distintos polígonos.
“Es necesario esclarecer los hechos, saber qué controles efectúa el Gobierno de la Ciudad y por qué se produjo este episodio. Últimamente vemos, en las recorridas con vecinos y también en las redes sociales, controles y hostigamiento a vendedores ambulantes o comerciantes, a los que incluso se les clausuran locales por faltas menores que podrían resolverse con una multa. Frente a una situación de esta gravedad, necesitamos saber con la misma rigurosidad qué controles realizó el Gobierno y si fueron suficientes”, sostuvo La Blunda.
El pedido también busca conocer el estado de las habilitaciones del establecimiento, los controles ambientales realizados y las inspecciones, intimaciones o sanciones que pudieran haberse aplicado desde 2021. Asimismo, solicita documentación sobre los sistemas de contención de proyectiles, estudios balísticos, mantenimiento de las instalaciones y las medidas adoptadas para prevenir riesgos sobre los predios vecinos.
La iniciativa distingue la investigación judicial sobre el origen del proyectil de las responsabilidades administrativas del Gobierno porteño. El objetivo del pedido aprobado por la Legislatura es determinar si el Centro Deportivo de Tiro cumplía con las condiciones de seguridad y habilitación correspondientes y, especialmente, conocer qué mecanismos de fiscalización implementó la Ciudad antes y después del episodio.
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