ATE judicializó la reforma laboral y apunta contra el fondo que reemplaza indemnizaciones

La reforma laboral sumó un nuevo frente de conflicto judicial. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) presentó una demanda para cuestionar uno de los instrumentos clave impulsados por el Gobierno: el Fondo de Asistencia Laboral (FAL), un mecanismo que redefine la forma en que se financian los despidos.

El sindicato pidió que se declare la inconstitucionalidad de los artículos que dieron origen al fondo y alertó que su implementación podría comprometer recursos que hoy sostienen al sistema jubilatorio. La presentación apunta específicamente contra disposiciones incluidas en la Ley 27.802 y su reglamentación posterior.

Según la interpretación de ATE, el nuevo esquema habilita a las empresas a compensar sus aportes al FAL con las contribuciones destinadas a la seguridad social. En la práctica, sostienen, eso implica una reducción directa de los fondos que ingresan a la ANSES, lo que podría afectar el pago de jubilaciones y pensiones.

El secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, explicó que la decisión de recurrir a la Justicia busca evitar consecuencias que, según advirtió, podrían ser irreversibles. «Tenemos que frenar la implementación del fondo de cese antes que sea demasiado tarde», afirmó.

El dirigente también cuestionó el trasfondo del cambio impulsado por el Gobierno y alertó sobre sus efectos estructurales. «El FAL terminará de hacer quebrar a un sistema previsional que ya venía golpeado», señaló. En esa línea, agregó: «Estamos frente a un desfinanciamiento del ANSES sin precedentes, multimillonario, que aleja cada vez más a los jubilados de la posibilidad de recuperar el poder adquisitivo que perdieron sus haberes».

Un nuevo esquema bajo la lupa

El Fondo de Asistencia Laboral forma parte del paquete de modificaciones introducidas en la legislación laboral. Su objetivo formal es cubrir los costos asociados a las desvinculaciones, reemplazando el esquema tradicional de indemnizaciones.

Sin embargo, desde ATE sostienen que el mecanismo cambia de manera profunda la lógica de financiamiento. En lugar de que los empleadores afronten directamente las compensaciones por despido, el sistema permitiría canalizar esos pagos a través de un fondo alimentado con recursos que, directa o indirectamente, impactan en la seguridad social.

El gremio estima que este cambio podría generar un agujero millonario en las cuentas previsionales, con un desfinanciamiento que ubican en torno a los 3.000 millones de dólares anuales.

La causa ahora quedó en manos de la Justicia, que deberá definir si el nuevo instrumento se ajusta a la Constitución o si, como plantean los estatales, vulnera el financiamiento del sistema jubilatorio.