La conflictividad entre los estatales y el gobierno de Javier Milei subió otro escalón en las últimas horas. La conducción de ATE activó un estado de alerta después de que circulara un plan oficial que apunta a recortar alrededor del 10% de la planta de la Administración Pública Nacional, un movimiento que para el sindicato representa una nueva avanzada de “despidos masivos”. Frente a este escenario, la organización analiza adelantar el Paro Nacional, que inicialmente se vinculaba al debate de la reforma laboral en el Congreso.
Según los datos que manejan en el gremio, la Casa Rosada busca dejar afuera a unos 28 mil empleados cuyos contratos caen el 31 de diciembre. La cifra generó alarma en todas las seccionales y aceleró los tiempos de una protesta que se perfilaba para más adelante.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, cargó con dureza contra el ministro a cargo del rediseño del Estado. “Sturzenegger es un ser siniestro que viene por nosotros. Pero tiene que saber que los estatales también vamos por él”, expresó el dirigente, que responsabilizó de lleno al funcionario por la avanzada sobre el empleo público. También cuestionó el discurso fiscal con el que el Gobierno intenta justificar los recortes: “El sector público no resiste más ajustes. No vamos a tolerar ningún despido y exigimos la renovación automática de la totalidad de los vínculos que vencen el 31 de diciembre”.
Aguiar remarcó que la motivación del oficialismo no forma parte de un esquema de ahorro real. “El Gobierno miente. Nunca se trató de una cuestión presupuestaria. Es ideológico”, sostuvo. Y agregó un contraste para ilustrar su planteo: “Mientras que los trabajadores contratados en la administración pública representan menos del 0,5% del presupuesto, la deuda externa se ubica por encima del 25%”.
El sindicato también apuntó a la influencia empresarial en el diseño del plan de reducción del Estado. “A esta altura está más que claro que no quieren destruir el Estado sino que lo que quieren es moldear un Estado distinto, que garantice solo los intereses de los grandes grupos económicos nacionales y transnacionales”, señaló Aguiar, quien además lanzó una acusación directa: “La máxima autoridad laboral está en manos del equipo jurídico de Techint”.
Mientras tanto, en los organismos descentralizados crece la preocupación. Allí se concentra el grueso del ajuste proyectado, con áreas sensibles en riesgo: la Oficina Anticorrupción, el Indec, el Conicet, la Anses, el INTA, el INTI y el Enacom figuran entre los primeros señalados por la motosierra oficial.
La estrategia de resistencia había empezado a tomar forma el jueves 27 en San Luis, cuando ATE reunió a representantes de todo el país en un Confederal. Pero la magnitud de los recortes que trascendieron este fin de semana desarmó aquel calendario. El gremio convocará de urgencia a sus instancias orgánicas para definir una nueva fecha de huelga nacional que, según anticipan, podría frenar actividades en cientos de oficinas públicas de todo el país.
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