La diputada nacional por Mendoza Lourdes Arrieta presentó una dura radiografía sobre el colapso sanitario de la obra social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (OSFA), denunciando que la estructura presupuestaria fue desmantelada por el exministro de Defensa Luis Petri para financiar sus aspiraciones políticas en Mendoza, lo que provocó el corte de prestaciones médicas esenciales, la muerte de pacientes en tratamiento y la pérdida de empleo para casi quinientos estatales. Durante su participación en el stream de Deuda Prometida, la legisladora describió el desamparo que padecen familias de gendarmes y militares, al tiempo que cuestionó la inconsistencia de un Poder Ejecutivo que incrementa las partidas para el espionaje en la SIDE mientras congela los haberes de las fuerzas y utiliza a los soldados para tareas domésticas en la residencia de Olivos.
El deterioro de la atención médica dentro de los centros asistenciales de las fuerzas alcanzó niveles de extrema precariedad en el interior, donde la falta de insumos paralizó los diagnósticos de rutina. Al detallar las deficiencias cotidianas que atraviesan las dependencias sanitarias, Arrieta afirmó que «la situación es crítica tanto desde el punto de vista de brindar el servicio médico como también la situación que están pasando los trabajadores» y precisó que «OSFA no está atendiendo en prácticamente ningún lado del país salvo los hospitales militares». Ilustrando el abandono en su provincia natal, la diputada remarcó que «en el hospital militar de Mendoza no tienen ni para hacerte los análisis de sangre, no tienen los tester, no tienen aguja, no tienen algodón y no tienen gasa».
«El Presidente tiene un fetiche con los militares»
La causa del pasivo económico que quebró a la obra social reside, según la diputada, en un desvío de recursos públicos orquestado desde la conducción de Defensa. Arrieta señaló la responsabilidad del exfuncionario e indicó: «Yo creo que Petri aprovechó esta maniobra para acomodarse y para permitir que haya un desmanejo de los fondos y una utilización del Ministerio de Defensa poniendo a dedo a gente de su fundación Mendocinos por el Futuro. Alguien lo tiene que investigar». La gravedad de las irregularidades motivó la intervención de la justicia federal, por lo que la legisladora sostuvo que «lo he denunciado públicamente y en la justicia por malversación de fondos públicos y abandono de persona». Profundizando su acusación, Arrieta enfatizó que el exministro «usó dinero de la obra social de las fuerzas armadas para temas personales y para proyectar su campaña a gobernador 2027», concluyendo que «la obra social está quebrada justamente por una malversación».
El impacto humano provocado por la interrupción de las terapias complejas en la obra social castiga de manera irreparable a los afiliados. Arrieta visibilizó el dolor de las víctimas y remarcó que «tenés afiliados que pedían a gritos que no les cortaran su tratamiento oncológico y sufrían la indiferencia de los políticos de turno». Revelando una de las tragedias más dolorosas derivadas de esta parálisis sanitaria, la diputada contó que «en San Juan el suboficial Velázquez, paciente oncológico a quien le daban paracetamol en lugar de su tratamiento, el primero de mayo tomó la decisión de terminar con su vida por los dolores«. Del mismo modo, citó la desesperación familiar en las guarniciones navales indicando que «en Punta Alta una mamá se va a encadenar con su hijo con autismo porque le deben más de 8 millones de pesos y ha vendido hasta el auto para sostenerlo».
Las prioridades en la distribución del Presupuesto nacional enviado al Congreso contrastan con la austeridad impuesta a las tropas. Al analizar los números del proyecto gubernamental, la diputada advirtió que «la más beneficiada con el presupuesto es la SIDE» mientras los efectivos sufren una pérdida paulatina de la capacidad adquisitiva de sus haberes. Graficando la insuficiencia salarial, Arrieta afirmó que «un cabo está en unos 900.000 pesos y tiene que hacer horas extras para sobrevivir«, añadiendo con indignación que «hay gente que dio su vida por la patria durante 40 o 50 años y hoy la obra social no la puede usar». En esa línea, la legisladora denunció que «gerontología, pediatría y oncología son las áreas que prácticamente ya no se cubren».
Cuestionando las descalificaciones vertidas por el Ejecutivo sobre los trabajadores de OSFA, la legisladora desmintió la retórica oficialista. Remarcó que «el Presidente se encargó de instalar que en el Estado eran todos vagos, pero la gente que se queda sin trabajo cobra entre 400.000 y 800.000 pesos y es lo único que tiene para alquilar o mantener a sus familias».
La transformación de las convicciones políticas de la legisladora responde a la contradicción entre las promesas electorales y la violencia ejercida desde el Gobierno. Al repasar los motivos que la llevaron a distanciarse del bloque La Libertad Avanza, Arrieta explicó: «Siempre fui una persona empática, creí en el proyecto del presidente pero nos ha sorprendido a todos tanta agresividad y tanta violencia contra el prójimo». Evaluando el balance de la gestión libertaria, la diputada enfatizó que «lo que se prometió en campaña no se terminó de cumplir y lo que se cumplió fue el desguace completo de una obra social como OSFA». Para finalizar, Arrieta criticó el uso propagandístico de las instituciones militares en la residencia oficial, concluyendo que «el presidente tiene un fetiche con los militares y no podés militarizar la Quinta de Olivos de un día para el otro, porque no está bueno que te prepares para ir a la guerra y después te manden a cortar el pasto».
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