La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) alcanzó un récord histórico en la administración de Ingresos Brutos: por primera vez desde su creación, el organismo redujo al mínimo la acumulación de saldos a favor de los contribuyentes. Este cambio implica que el Estado bonaerense dejó de financiarse a través de adelantos excesivos que durante años obligaron a empresas, comercios y pymes a sostener el flujo de caja estatal.
Los datos oficiales muestran que, a partir de 2020, se revirtió una tendencia que se arrastraba desde las gestiones anteriores. Durante los gobiernos de Daniel Scioli y María Eugenia Vidal, los saldos a favor de los contribuyentes habían crecido de forma sostenida, alcanzando su pico hacia fines de 2018. Sin embargo, con la gestión de Axel Kicillof, la curva descendió de manera marcada, hasta lograr que en 2025 los niveles se ubiquen en los valores más bajos de toda la serie histórica iniciada en 2008.
Desde 2020 hasta mediados de 2025 se devolvieron al sector productivo un billón de pesos en saldos acumulados. Esta devolución no solo alivió las cuentas de miles de contribuyentes, sino que también modificó la lógica con la que tradicionalmente funcionaba el sistema recaudatorio bonaerense: en lugar de forzar a los contribuyentes a pagar de más y esperar reintegros que tardaban meses o incluso años, ahora el esquema busca que cada anticipo se acerque lo máximo posible al monto real del impuesto a pagar.
La clave de este giro estuvo en la decisión política de revisar los regímenes de retenciones, percepciones y recaudaciones bancarias. Con un ajuste fino en los sistemas de control y cruce de información, ARBA logró que los anticipos no generen un desbalance constante a favor del Estado. En la práctica, esto permitió que las empresas no vean inmovilizados sus recursos, algo que durante años representó un verdadero costo financiero disfrazado de recaudación impositiva.
El titular del organismo, Cristian Girard, destacó que este cambio “termina con un círculo vicioso que perjudicaba al entramado productivo bonaerense”, ya que el exceso de adelantos afectaba sobre todo a las pequeñas y medianas empresas, que muchas veces quedaban atrapadas entre la necesidad de capital de trabajo y la imposibilidad de recuperar lo retenido.
La comparación histórica es contundente. Entre 2008 y 2019, el stock de saldos a favor no dejó de crecer, con saltos notorios durante la gestión de Vidal, cuando se consolidó un esquema de anticipo sobredimensionado. Recién con Kicillof, y en el marco de una política de “devolución al sector productivo”, la tendencia cambió y se generó una caída pronunciada que devolvió previsibilidad y liquidez a los contribuyentes.
La reducción de los saldos a favor se presenta también como una medida anticíclica: en un contexto económico complejo, liberar recursos de las empresas evita que el Estado provincial se financie de manera encubierta a costa del aparato productivo. Con este esquema, el objetivo oficial es equilibrar la necesidad de recaudar con el derecho de los contribuyentes a no pagar de más.
La lógica detrás de esta transformación es clara: ARBA no solo recaudó, sino que ordenó un sistema históricamente criticado por empresarios, contadores y cámaras sectoriales. El resultado es que nunca antes los adelantos de Ingresos Brutos habían estado tan alineados con lo efectivamente adeudado, evitando que el Estado funcione como prestamista involuntario al sector privado. En definitiva, la gestión actual convirtió a la política impositiva en una herramienta de alivio y no de asfixia.
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