Antes de la privatización, el Gobierno paralizó obras de AySA y despidió 1.600 empleados

Esta semana el Gobierno comenzó un proceso ya anunciado en la ley Bases: la privatización de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA) fue oficializada mediante la resolución 1198/2025 del Ministerio de Economía. Lo hace, según el último informe de dotación de la administración pública que elabora el Indec, con 1.585 empleados menos que en diciembre de 2023, cuando el proyecto de ley que la contemplaba como “sujeta a privatización” se envió al Congreso.

También en un contexto de quejas sobre el suministro, obras paralizadas y desfinanciamiento: de acuerdo con el último informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, AySA es una de las dos empresas (junto con Correo Argentino) que durante los primeros siete meses del año no recibieron ningún tipo de subsidio económico. Cabe recordar que la compañía presta el servicio de agua potable y tratamiento de desagües cloacales en la Ciudad de Buenos Aires y en 26 partidos del conurbano bonaerense.

En cuanto a las transferencias de capital, señala la misma fuente, AySA recibió $ 5.000 millones en julio: en el acumulado anual estas transferencias registraron una baja del 91,7% ajustado por inflación en un año. Sin embargo, las tarifas de agua sí sufrieron incrementos muy por encima del índice de precios. Según un informe de Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA y el Conicet, entre diciembre de 2023 y julio de 2025 el servicio de agua aumentó un 362%, 208 puntos porcentuales más que la suba general.

Pese al incremento, en algunos barrios de La Matanza los vecinos comenzaron a denunciar la mala calidad del servicio. “Es una vergüenza, el agua no se puede consumir, pero aumentan las boletas a cada rato”, explicaron a este medio, con el que compartieron algunas fotos y videos de prueba.

La administración actual suspendió la implementación del Plan Agua + Trabajo (A+T) y Cloaca + Trabajo (C+T) que estaba pensado, según puede leerse en la página web de la empresa, “como modelos de gestión para llevar servicios de agua potable y cloacas a las áreas más vulnerables”: funcionaba de manera ininterrumpida desde 2004. La información disponible sobre la implementación de este programa incluye datos a octubre de 2023: 1.093 obras, 3.606 kilómetros de redes instaladas, 374.540 conexiones, 1.834.208 personas beneficiadas, 18.005 empleos generados y 239.695 horas de capacitación.

No hay, a la fecha, información sobre la implementación de este plan durante 2024 y 2025. Otras obras, como la planta depuradora de Laferrere (que inició en 2022 y tenía el objetivo de llevar servicio de cloacas a más de 150 mil personas) tienen un 10% de avance: el mismo que registraba a fines de 2023.

Cronología de la privatización

Lo que se privatizará de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos es el 90% del total, que es lo que pertenece al Estado. El resto (10%) es propiedad de algunos de sus empleados.

La idea de la privatización data de la ley 27.742 (conocida como ley Bases), publicada en el boletín oficial en julio de 2024. En el anexo I de la norma se incorporó a AySA –que fue estatizada en 2006 luego de un proceso privatizador en la década de 1990– entre las pasibles de venta. En el año que transcurrió desde su aprobación se fue preparando el marco para llevar adelante esta iniciativa: uno de los avances más recientes que el Gobierno dio en esta materia fue a través del decreto 493/2025, que incorporó una serie de modificaciones y habilitó a la empresa a cortar el servicio en caso de mora. La decisión está justificada, entienden, porque “el régimen vigente no se ajusta a las necesidades actuales de expansión, sostenibilidad y eficiencia que la prestación del servicio requiere, al haber sido concebido para un modelo de gestión estatal que no contempla adecuadamente las condiciones necesarias para comenzar nuevas inversiones y ampliar la cobertura”.

Previo a esto, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había afirmado en una de sus conferencias de prensa que desde su estatización AySA había demandado 13.400 millones de dólares en aportes y que la morosidad había llegado al 16%. Esa morosidad, sin embargo, podría ser mayor por el gran incremento en los costos para los usuarios.

En diálogo con el medio Página 12, Malena Galmarini, expresidenta de la empresa durante la gestión anterior, afirmó que la privatización podría “poner en riesgo un derecho básico como el acceso al agua” y traducirse “en tarifas más altas, menos inversión en zonas vulnerables y un servicio desigual. Ya lo vivimos en los 90: cuando el agua pasa a manos privadas, el usuario deja de ser un ciudadano con derechos y pasa a ser un cliente”.

“Durante mi gestión se logró revertir parte de ese daño. En cuatro años hicimos 4.000 kilómetros de redes de agua y cloacas. Todos los procesos estaban certificados por normas IRAM y se subían a la web, una política de transparencia y planificación que hoy fue desmantelada”, concluyó.

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Agustina Bordigoni

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