Organizaciones rurales nucleadas en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) junto a cooperativistas realizarán un Alimentazo este jueves 21 de marzo desde las 9 hs. La protesta se da contra la nueva disposición del gobierno nacional que permite la importación de alimentos al país y en repudio al cierre del instituto nacional de agricultura familiar campesina e indígena anunciado por el gobierno.
La jornada se llevará a cabo frente al Congreso de la Nación y se podrán encontrar más de 200.000kg de alimentos variados a precios populares como fruta, verdura, lácteos y otros. Así, se podrá encontrar por ejemplo: Leche larga vida $850; mozzarella x kg $4900; Papa blanca x kg $600; berenjena x 2 kg $1500; Ciruela x kg $1100; y Naranja $950 x kg.
«La decisión de abrir las importaciones destruye la producción nacional y el valor agregado que tiene y no baja la inflación, una mentira que quedó al descubierto con la devaluación que están llevando a cabo. El gobierno dijo que el libre mercado iba a regular los precios y eso fracasó», aseguran.
Y agregan: «Las y los trabajadores de la agricultura familiar y campesina indígena, se organizan frente a la desaparición de los programas que financiaban el fortalecimiento productivo y de comercialización, la importación de alimentos y el aumento irregular de los alquileres y de los insumos que pone en riesgo la continuidad de la producción».
Además, el gobierno decidió terminar con el financiamiento de proyectos que fortalecían a pequeños productores y cooperativas de todo el país incorporando mejoras en la maquinaria, y en los procesos productivos y de comercialización. También desaparece el programa de asistencia crítica en el contexto de fuertes tormentas que producen graves daños a la producción familiar, campesino indígena. Esto impacta en cientos de trabajadores que realizaban asistencia técnica al sector acompañando la gestión de los proyectos.
«La economía popular se planta en defensa de la producción, del trabajo nacional y de la soberanía alimentaria. Las organizaciones participantes proponen desarrollar un plan integral de producción y comercialización, aplicando tecnología, impuestos justos y logística, con una mirada demográfica y participativa de quienes producen el alimento que llega a la mesa del pueblo», aseguran.
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