En medio del deterioro de la actividad y el retroceso del mercado interno, la entidad Industriales Pymes Argentinos (IPA) presentó un proyecto de Ley de Salvataje Nacional con el objetivo de contener la crisis que atraviesan las micro, pequeñas y medianas empresas. La iniciativa propone una batería de medidas para reducir costos, sostener el empleo y reactivar el consumo, en un contexto que ya muestra señales de ajuste sobre el entramado productivo.
El planteo incluye la declaración de emergencia para el sector y se organiza en cuatro frentes: tarifas, impuestos, producción y empleo. Desde la entidad advierten que la situación se agrava por la caída del poder adquisitivo y el freno en las ventas, lo que impacta de lleno en la capacidad de las empresas para sostener su actividad.
“El proyecto puede convertirse en una herramienta clave para frenar el cierre de empresas, sostener el empleo y recuperar el consumo interno”, afirmó el presidente de IPA, Daniel Rosato.
Uno de los puntos centrales apunta a los costos energéticos. El texto propone una reducción del 50% en las tarifas de luz, gas y agua para las PyMEs, junto con una rebaja equivalente en el IVA aplicado a esos servicios cuando se utilicen con fines productivos.
En el plano fiscal, la iniciativa contempla un esquema excepcional para regularizar deudas impositivas, previsionales y aduaneras. Para las microempresas, incluye la condonación total de intereses y multas, además de planes de pago más extensos y la eliminación del impuesto al débito y crédito bancario.
El proyecto también busca incentivar la demanda. Entre las herramientas previstas aparece un reintegro del 25% del IVA para consumidores que compren productos esenciales en PyMEs, junto con líneas de financiamiento accesible tanto para empresas como para trabajadores.
“No solo las grandes empresas necesitan beneficios. Las Pymes y la sociedad en su conjunto merecen herramientas impositivas y financieras para recuperarse”, sostuvo Rosato.
Otro aspecto relevante apunta a mejorar la cadena de pagos: el Estado debería cancelar sus deudas con proveedores PyME en un plazo máximo de 30 días. Además, supermercados e hipermercados quedarían obligados a destinar al menos un 30% de sus góndolas a productos de origen nacional.
El acceso a estos beneficios no sería automático. El proyecto establece que las empresas que realicen despidos sin causa quedarían excluidas del régimen, en un intento por frenar la pérdida de puestos de trabajo.
“Convocamos a los diputados y senadores oficialistas y aliados al Gobierno a que se transformen en un canal de diálogo para mostrarle al presidente Javier Milei y a sus funcionarios que esta iniciativa no es opositora”, planteó Rosato, en referencia a la necesidad de que el Congreso avance con el tratamiento de la ley.
Mientras tanto, desde el sector advierten que la profundización del ajuste y la caída del consumo interno aceleran los cierres y la destrucción de empleo, en un escenario que tensiona cada vez más a las PyMEs, históricamente uno de los principales motores de la economía argentina.