El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, puso en duda que la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei tenga un camino despejado y subrayó que su vigencia queda sujeta al control de los tribunales, donde cualquier juez puede frenar artículos que considere contrarios a la Constitución.
En una entrevista con Jorge Fontevecchia en Perfil, Rosatti explicó que el diseño del sistema judicial argentino habilita múltiples instancias de revisión, lo que abre la puerta a que el debate exceda el Congreso y termine en el máximo tribunal, como ya ocurrió con el capítulo laboral de la Ley Bases.
El magistrado detalló que el país adoptó un esquema de control de constitucionalidad “difuso”, una característica que permite que jueces de todo el país se pronuncien sobre la validez de una norma. “El control de constitucionalidad en la Argentina es un control que los constitucionalistas llamamos difuso. Los controles de constitucionalidad pueden ser concentrado o difuso. Concentrado es cuando se concentra en un solo Tribunal. Difuso es cuando cualquier juez lo puede hacer. Aquí se optó por un control de constitucionalidad difuso que escala hacia el vértice del último control que realiza la Corte”, señaló.
Esa dinámica, sostuvo, vuelve inevitable la judicialización de reformas de alto impacto. “Es inevitable el control difuso, porque nuestro sistema no prohíbe que cualquier juez pueda declarar la inconstitucionalidad. Eso no significa que después no pueda ser ordenado por una jurisprudencia de la Corte, pero lógicamente lleva su tiempo”, afirmó.
Rosatti también se refirió a la posibilidad de que el Congreso intente blindar la reforma con mecanismos legales para evitar un escenario de litigiosidad. Sin embargo, advirtió que cualquier atajo normativo igual podría terminar bajo revisión del máximo tribunal. “ Como poder podrían. Eso sería cuestionado y llegaría a la Corte. Y la Corte diría: ¿esa norma que incorporaron los legisladores es constitucional o no es constitucional? Y a partir de esa última palabra ya no se discutiría cada caso concreto, sino si es constitucional o no el eventual seguimiento obligatorio”, indicó.
En otro tramo de la charla, el titular de la Corte marcó una contradicción del propio Estado frente al uso del control difuso, al recordar que gran parte de los expedientes que llegan al tribunal surgen de reclamos oficiales. “El 60% de las causas que nosotros resolvemos, provienen del Estado que cuestiona en materia previsional lo que la Corte ya dijo cómo es. ¿Sabe lo que significaría para nosotros tener 60% de trabajo menos y no decir siempre lo mismo?”, ironizó.
Las definiciones de Rosatti se conocen mientras el oficialismo empuja cambios estructurales en el régimen laboral, entre ellos el traspaso del fuero laboral a la Ciudad de Buenos Aires, una medida que ya genera resistencias y promete sumar nuevos capítulos en la disputa judicial.
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