Alarma en las empresas por el disparo de los concursos preventivos

La crisis de las empresas argentinas empieza a dejar una huella cada vez más visible en los tribunales. En la Ciudad de Buenos Aires, los concursos preventivos prácticamente se multiplicaron en los últimos dos años, en un escenario marcado por menores niveles de actividad, consumo debilitado y dificultades crecientes para sostener la cadena de pagos.

Durante 2025 se iniciaron 190 concursos preventivos en la Capital Federal, contra los 82 contabilizados en 2023. El salto alcanza el 131,7%. A ese número se sumaron otros 92 procesos durante el primer trimestre judicial de 2026, de acuerdo con un relevamiento realizado por Industriales Pymes Argentinos (IPA) a partir de información de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial.

El concurso preventivo es una herramienta a la que pueden acudir las compañías cuando ya no logran cumplir con sus obligaciones de manera regular, pero todavía buscan continuar funcionando. El procedimiento permite negociar con los acreedores y establecer un mecanismo para reordenar las deudas antes de llegar a una eventual quiebra.

El incremento de estas presentaciones muestra así una instancia avanzada de las dificultades financieras. Antes de llegar a los juzgados, las empresas suelen atravesar una sucesión de problemas: caída de ventas, menor liquidez, atrasos con proveedores, necesidad de financiar el capital de trabajo y, finalmente, acumulación de compromisos que ya no pueden refinanciar.

Más empresas buscan una salida judicial

La dimensión del problema también aparece en las consultas que reciben los profesionales vinculados al mundo empresario. El periodista y empresario Daniel Hadad contó públicamente el caso de un amigo dedicado a desarrollos empresariales que comenzó a recibir una cantidad creciente de consultas de compañías con problemas financieros.

«El miércoles pasado me llamó, me dice: ‘Che, te suspendo el almuerzo’. ¿Qué pasó? ‘Te juro no doy abasto'», relató Hadad.

Según explicó, las consultas están vinculadas directamente con la posibilidad de acudir a la Justicia para intentar preservar las empresas. «Cada vez tengo más consultas de gente que me viene a consultar sobre si se concursa o no», sostuvo.

El periodista también describió el nivel de deterioro que percibe a partir de ese testimonio: «Para mí me tengo que ir lamentablemente, no sé, a 20 años atrás. Hace tiempo que no se veía ese nivel de crisis», afirmó.

El relato se vincula con los datos que surgen de los tribunales comerciales y con otros indicadores sobre la situación de las pequeñas y medianas empresas.

Casi 25 mil pymes cerraron desde noviembre de 2023

Un informe del Observatorio de Industriales Pymes Argentinos publicado en junio había contabilizado 24.437 pequeñas y medianas empresas cerradas entre noviembre de 2023 y los primeros meses de 2026. Como consecuencia de esos cierres, 327.813 trabajadores dejaron de contar con cobertura del sistema de riesgos del trabajo, según el relevamiento.

Para IPA, el deterioro está relacionado con la pérdida de producción y consumo, además de los problemas que atraviesan los pagos entre empresas.

Germán Pizzano, abogado del Departamento Legal de la entidad, resumió el cambio en el escenario con una frase: «Lo que antes se veía en la fábrica, en el comercio o en la cadena de pagos, hoy también aparece en los tribunales comerciales».

Que una empresa ingrese a un concurso no significa necesariamente que vaya a terminar en quiebra. El objetivo del mecanismo es justamente evitar la liquidación, permitir que la compañía continúe operando y alcanzar un acuerdo con quienes reclaman el pago de las deudas.

Sin embargo, el fuerte incremento de los procedimientos judiciales funciona como una señal de que para un número creciente de compañías las herramientas utilizadas habitualmente para atravesar una crisis de liquidez ya no alcanzan.

El problema de una cadena de pagos cada vez más lenta

Las dificultades no se limitan a las empresas que llegan a los juzgados. También impactan sobre aquellas que todavía pueden sostener su actividad, pero tienen problemas para transformar sus ventas en dinero disponible.

Una compañía puede concretar operaciones y, al mismo tiempo, enfrentar dificultades para pagar salarios, proveedores, impuestos, alquileres y servicios si sus clientes demoran demasiado en cancelar sus facturas.

En ese contexto, el financiamiento bancario puede permitir cubrir el período entre una venta y el cobro. Pero cuando los plazos se extienden y la deuda comienza a acumularse para sostener gastos corrientes, el crédito deja de ser solamente una herramienta de crecimiento y pasa a utilizarse para sostener la liquidez cotidiana.

Los datos oficiales muestran que el crédito al sector privado viene creciendo. Durante junio, los préstamos en pesos aumentaron 0,3% real y sin estacionalidad, impulsados principalmente por las líneas comerciales, según información del Banco Central. En ese período, el crédito bancario en pesos equivalió al 9,2% del PIB, mientras que al sumar los préstamos en moneda extranjera el ratio llegó al 12,3%.

Para julio, la referencia disponible ubica el incremento real de los préstamos en pesos en 1,2%, mientras que el financiamiento total alcanzó el equivalente al 12,5% del PIB.

La expansión del crédito, por sí sola, no representa necesariamente un dato negativo. El financiamiento puede contribuir a la inversión y al crecimiento. El punto de tensión aparece cuando las empresas recurren a nuevos préstamos para cubrir compromisos que surgen de una actividad que no consigue generar suficiente liquidez.

La mora también presiona a las pequeñas empresas

Otros relevamientos permiten completar el panorama. Un informe difundido previamente por El Destape había señalado que una de cada ocho empresas registraba atrasos superiores a 90 días en sus pagos.

Los datos del Banco Provincia correspondientes a enero ubicaban la mora de las pequeñas empresas en 12,5%, 2,6 puntos porcentuales por encima del registro de un año atrás.

El deterioro de los pagos tiene un efecto que excede a cada empresa individual. Cuando una compañía demora el pago a sus proveedores, puede trasladar el problema a otras firmas, generando una cadena de incumplimientos que termina afectando a distintos sectores de la economía.

Otro relevamiento publicado posteriormente por El Destape había advertido sobre una combinación de extensión unilateral de los plazos de pago, aumento de los incumplimientos y mayores niveles de incobrables. Según ese estudio, siete de cada diez empresas habían sufrido una ampliación de los plazos de cobro por parte de sus propios clientes.

En ese contexto se entiende la descripción realizada por Hadad sobre el estado de las relaciones comerciales entre empresas. «Lo mismo con la cadena de pago. No digo que esté rota, pero está ralentizada», señaló.

El aumento de los concursos preventivos aparece así como una de las manifestaciones más concretas de un problema que comienza mucho antes de llegar a los tribunales: empresas con menos ventas, proveedores que esperan más tiempo para cobrar, mayor necesidad de financiamiento y obligaciones que se acumulan hasta poner en riesgo la continuidad de los negocios.