El presidente Javier Milei decidió avanzar con la designación de dos nuevos jueces para la Corte Suprema de Justicia mediante un decreto en comisión. Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla ocuparán temporalmente los cargos hasta que finalice el actual período legislativo, mientras el Senado continúa con el proceso de aprobación de sus nombramientos.
«El Presidente ha tomado la determinación de designar en comisión a los doctores Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo como jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hasta la finalización del próximo período legislativo, con el objetivo de normalizar el funcionamiento del máximo tribunal judicial de nuestro país, el cual no puede llevar a cabo su rol con normalidad con tan solo tres ministros», comunicó la Oficina del Presidente.
Un proceso sin consenso en el Senado
El Gobierno había enviado los pliegos de Lijo y García-Mansilla el 15 de abril, tras haber anunciado sus candidaturas en marzo del año pasado. Sin embargo, las negociaciones con los distintos sectores de la oposición no lograron los dos tercios de votos requeridos para la confirmación en el Senado.
Ante este escenario, el oficialismo buscó incluir el pliego de Lijo en las sesiones extraordinarias, pero nuevamente la falta de consenso frustró el intento. Milei responsabilizó a los legisladores opositores por la falta de acuerdo: «En ningún caso el Senado tiene la potestad para rechazar el acuerdo de los candidatos propuestos por el Presidente en base a preferencias personales o políticas de los senadores. De hecho, es la politización de la Justicia una de las principales causas de que los argentinos no tengan un servicio de Justicia que resuelva sus problemas».
Nombramientos en comisión: ¿qué implica esta decisión?
La Constitución Nacional establece que el Poder Ejecutivo puede designar jueces de la Corte Suprema mediante el mecanismo de nombramiento en comisión, el cual les permite asumir temporalmente sus funciones mientras el Senado evalúa su confirmación.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, defendió la medida y sostuvo que «el Presidente tiene la facultad de nombrar jueces en comisión para garantizar el funcionamiento del máximo tribunal». Desde el Ejecutivo aseguran que la decisión se tomó para evitar un mayor debilitamiento de la Corte, que actualmente opera con solo tres integrantes.
Sin embargo, la designación en comisión no exime al Gobierno de someter los pliegos a debate legislativo. Ahora, la Cámara Alta deberá definir el futuro de los nombramientos, en un escenario de fuerte tensión política y resistencia de la oposición, que ya calificó la medida como un «horror institucional».
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