“Sustentable, pero con baja probabilidad”, así calificaba el Fondo Monetario Internacional (FMI) a la deuda pública argentina en octubre de 2018, mismo momento en que autoriza la ampliación del préstamo Stand-By llevándolo a 57 mil millones (el préstamo más grande de su historia) y la modificación del calendario de desembolsos, concentrando prácticamente el 90% de los mismos previo a las elecciones generales de 2019.
Asimismo, la mayoría de los vencimientos se ubicaban entre 2022 (USD 18.9 mil millones) y 2023 (USD 19.1 mil millones), lo que implicó una situación de extrema vulnerabilidad financiera, reconocida incluso por el propio FMI al plantear que la capacidad de repago de la deuda argentina dependía de su regreso a los mercados internacionales de crédito para su roll-over.
En este escenario, se firma el Acuerdo de Facilidades Extendidas (EFF, por sus siglas en inglés) en marzo de 2022 para el refinanciamiento de la deuda contraída con el Acuerdo Stand-By de 2018. Este acuerdo incluye 10 revisiones trimestrales durante dos años y medio, cuyo cumplimiento habilita los desembolsos correspondientes. Hasta el momento, se han completado las primeras cuatro revisiones correspondientes a los cuatro trimestres del año 2022.
De cara a la quinta revisión, que abarca el primer trimestre del año, y en un escenario marcado por serias dificultades en torno a la acumulación de reservas –agravado por el menor ingreso de dólares vía exportaciones agropecuarias producto de la sequía y por las presiones de ciertos sectores por una devaluación brusca-, la deuda con el FMI vuelve o, mejor dicho, sigue hegemonizando la agenda económica.
La Universidad de Buenos Aires publicó esta semana el informe sobre el Índice de Cumplimiento del Acuerdo con el FMI (ICAF) correspondiente al primer trimestre de 2023, se trata de un índice compuesto por cuatro parámetros -ponderados en igual proporción-, calculados como la distancia entre cada variable al cierre del trimestre y la meta asumida. Es decir, un parámetro asociado a cada meta correspondiente al Acuerdo de Facilidades Extendidas: déficit fiscal, ingresos reales, emisión monetaria y reservas netas. El resultado obtenido indica que, en promedio, Argentina no cumplió las metas del primer trimestre 2023 en un 43,9%.
Según el informe, la caída en términos reales del gasto no llega a compensar la caída real de los ingresos (influenciada fuertemente por la caída en los derechos de exportación afectados por la sequía). De esta manera, el déficit fiscal del primer trimestre 2023 superó el “máximo” y los ingresos reales no alcanzaron el “mínimo” establecido en las metas de déficit fiscal y de ingresos reales, respectivamente. Esto es, se incumplieron ambas metas.
Asimismo, la meta de emisión monetaria se alcanzó con un margen de $9.300 millones, de acuerdo al ICAF. “Durante los meses de enero y febrero no se registraron giros directos desde el Banco Central al Tesoro Nacional para financiamiento de gastos. Sin embargo, en marzo se giraron $130.000 millones, siendo la única transferencia, lo cual se mantuvo dentro de los límites pautados por el FMI ($139.300)”, indica el informe -aclarando que dicha meta sólo contempla las operaciones de financiamiento por Adelantos Transitorios y Transferencias de Utilidades, ya que “en la práctica existen otras operaciones por las que el Banco Central puede emitir dinero con la intención de financiar (directa o indirectamente) al Tesoro”.
En cuanto a la meta de acumulación de reservas -USD 1.900 millones, según la modificación de abril-, el informe señala que “al cierre del primer trimestre, el acumulado efectivo de reservas respecto a diciembre de 2021 resultó de USD -467 millones (134% por debajo del mínimo acordado). Es decir, se perdieron reservas respecto del cierre de 2021, redundando en una acumulación negativa (pérdida). Esto se traduce en un incumplimiento de la meta por USD 2.547 millones (USD 6.147 millones respecto a la meta original)”.
Es decir, la única meta que se ha podido cumplir en el trimestre es la meta monetaria. Sin embargo, la discusión ya no involucra sólo la próxima revisión sino el acuerdo en su totalidad, en tanto las principales herramientas de política económica se ven condicionadas por el mismo.
En esa línea se expresó Cristina Fernández de Kirchner el pasado jueves, señalando la necesidad de lograr que “ese programa que el Fondo Monetario impone a todos sus deudores, sea dejado de lado y nos permita elaborar un programa propio de crecimiento, de industrialización, de innovación tecnológica”, expresando que, de otra forma, será imposible pagarlo.
Con la memorable frase de Néstor Kirchner, “los muertos no pagan las deudas”, sugirió que -en todo caso-, aten el pago a un porcentaje de las exportaciones, pero que “dejen de querer dirigir la política y clausurarnos la industrialización del país y convertirnos únicamente en proveedores de materia prima”.
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