Qué dice la ciencia sobre la baja de imputabilidad y el impacto de la cárcel en adolescentes

La Cámara de Diputados se prepara para debatir este jueves el proyecto que impulsa un nuevo régimen penal juvenil, con la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años y penas de hasta 15 años de prisión para menores. En la antesala de esa discusión, un estudio científico pone en jaque el enfoque punitivo y suma argumentos contra el encarcelamiento de adolescentes.

La investigación, elaborada por el Centro Interdisciplinario de Investigaciones Forenses (CIDIF) de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires (ANCBA), analiza el desarrollo cerebral durante la adolescencia y su impacto en el diseño de políticas públicas. El informe sostiene que castigar penalmente a edades más tempranas ignora evidencia científica clave y genera consecuencias negativas a largo plazo.

Según el estudio, “la adolescencia es la etapa evolutiva que transcurre entre la infancia y la adultez” y “durante este período de desarrollo, los adolescentes se comportan de manera diferente a los adultos”. Los especialistas remarcan que se trata de una etapa marcada por la búsqueda de sensaciones nuevas y conductas más riesgosas, lo que aumenta los niveles de vulnerabilidad.

En ese marco, subrayan que “en esta fase, los adolescentes las tasas de enfermedades y muertes aumenta más que en la infancia, principalmente por causas vinculadas a accidentes, suicidio y violencia interpersonal”. Para el informe, estos factores deben ser considerados a la hora de discutir respuestas estatales frente al delito juvenil.

Un cerebro en formación y decisiones condicionadas

El trabajo detalla que el cerebro no completa su maduración a los 18 años y que ese proceso no avanza de manera uniforme. El lóbulo frontal, asociado a la autorregulación, el control de impulsos y la toma de decisiones, madura más tarde que otras áreas. Por eso, “los adolescentes, en comparación con los adultos, se comportan de forma más impulsiva, son más susceptibles a la presión de pares y al estrés, y priorizan las recompensas inmediatas”.

Además, el estudio explica que la forma de decidir de los adolescentes depende del contexto. En situaciones “frías”, con bajo nivel emocional y tiempo para reflexionar, los jóvenes muestran respuestas similares a las de los adultos. En cambio, en escenarios “calientes”, atravesados por estrés, presión de pares y urgencia, predominan elecciones más arriesgadas y se activan circuitos neuronales distintos.

El informe, encabezado por el médico especialista en psiquiatría y medicina legal Ezequiel Mercurio, aclara que “las decisiones vinculadas a la salud y al voto operan en contextos fríos”. Sin embargo, señala que la mayoría de las conductas antisociales adolescentes ocurren en contextos “calientes”, donde el castigo penal pierde eficacia como herramienta de prevención.

Más castigo, peores resultados

Uno de los puntos centrales del estudio indica que “la mayoría de los adolescentes que cometen delitos no continúan en una trayectoria delictiva sostenida durante la adultez”. Desde esa perspectiva, sumar a chicos y chicas más jóvenes al sistema penal “impacta negativamente en su desarrollo, al aumentar las cargas de estrés y eventos adversos en un cerebro en formación”.

La evidencia relevada muestra que los jóvenes privados de libertad enfrentan mayores niveles de deserción escolar, peor rendimiento académico y más probabilidades de reincidencia que aquellos que participan de dispositivos socioeducativos. El informe también advierte que no existen pruebas de que la baja de la edad de responsabilidad penal incremente la seguridad ciudadana.

Estos argumentos ya forman parte de fallos judiciales y recomendaciones internacionales. La Corte Suprema de Estados Unidos los incorporó en distintas sentencias, mientras que el Comité de los Derechos del Niño recomendó en 2019 que los países con edades mínimas de imputabilidad de 15 o 16 años no las reduzcan.

Antecedentes y advertencias legales

El estudio recuerda que Argentina cuenta con antecedentes negativos en esta materia. El país recibió una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Mendoza y otros vs. Argentina (2013), luego de haber aplicado penas de prisión perpetua a adolescentes. A nivel local, la Corte Suprema ya había desarrollado el concepto de culpabilidad disminuida en el fallo Maldonado de 2005.

El informe también alerta que los proyectos en debate “no incorporan ninguna perspectiva de discapacidad, contraviniendo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por Argentina”. En esa línea, concluye que “la propuesta de bajar la edad mínima de responsabilidad penal es contraria al principio de no regresividad, a las recomendaciones de diversos expertos internacionales –entre ellos, el Comité de los Derechos del Niño– y a las evidencias disponibles”.

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