La reforma laboral que el oficialismo empujó en el Senado abre un cambio de fondo en el financiamiento del sistema previsional. El proyecto crea el Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para afrontar indemnizaciones por despido, pero lo hace a costa de recortar ingresos de la ANSES mediante una rebaja equivalente en las contribuciones patronales.
La iniciativa plantea que las empresas constituyan un fondo propio, con aportes mensuales, destinado a cubrir despidos, preavisos e integraciones salariales. En los hechos, ese nuevo esquema no agrega recursos al sistema: desplaza dinero que hoy alimenta la seguridad social y lo canaliza hacia un instrumento que facilita desvinculaciones laborales.
Cómo impacta el FAL en los jubilados
El artículo 58 del proyecto fija la creación del FAL y delimita su uso exclusivo para obligaciones patronales ligadas a despidos previstas en la Ley de Contrato de Trabajo y en estatutos profesionales. El régimen entraría en vigencia el 1° de junio de 2026, con la posibilidad de que el Poder Ejecutivo postergue su aplicación hasta seis meses.
En la versión inicial, el fondo se financiaba con un aporte obligatorio del 3% de las remuneraciones de cada trabajador, calculado sobre la misma base que las contribuciones al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). La redacción final, aprobada con media sanción, modificó ese esquema y segmentó los porcentajes según el tamaño de las empresas.
Así, las grandes compañías aportarían un 1% mensual y las micro, pequeñas y medianas empresas un 2,5%, siempre sobre las remuneraciones que hoy tributan al SIPA. Esos recursos, que antes ingresaban a la ANSES a través del organismo recaudador, dejan de fortalecer el sistema previsional para alimentar un fondo orientado a cubrir despidos.
La compensación a las empresas y la pérdida para la seguridad social
Aunque el FAL supone un aporte nuevo para los empleadores, el proyecto evita que ese costo impacte en sus balances. El artículo 76 establece que los empleadores «tendrán una reducción en las contribuciones patronales con destino a la Seguridad Social equivalente» a lo que aporten al nuevo fondo.
De esta manera, la reforma equipara el dinero que las empresas destinan al FAL con una rebaja directa en los aportes que hoy financian jubilaciones, pensiones, asignaciones familiares y la AUH. El resultado es una transferencia de recursos desde la ANSES hacia un mecanismo que, además, podrá invertir esos fondos, abriendo un nuevo negocio financiero con dinero que antes sostenía el sistema público.
El esquema recuerda a experiencias del pasado: un circuito paralelo, financiado con aportes obligatorios, que se aparta del régimen previsional estatal. Mientras tanto, la seguridad social queda con menos ingresos y los despidos cuentan con un respaldo específico, pagado con recursos que ya no llegan a los jubilados.
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