INDEC con números viejos: la brecha inflacionaria expone el maquillaje del Gobierno

El dato oficial de inflación de enero volvió a encender la polémica. El INDEC informó un 2,9% calculado con ponderadores de 2004, mientras que el IPC de la Ciudad de Buenos Aires, construido con la canasta 2017/2018, marcó 3,1%. La distancia no resulta menor: refleja cómo el Gobierno de Javier Milei insiste en sostener una medición desactualizada que atenúa el efecto del ajuste económico sobre los bolsillos.

La comparación deja al descubierto una decisión política. La Ciudad aplica la metodología que el propio INDEC tiene lista desde hace años, basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017/2018, que actualiza los hábitos de consumo. En cambio, la Casa Rosada descarta ese esquema y mantiene un índice apoyado en patrones de gasto de hace más de dos décadas, cuando la estructura de precios y servicios era otra.

Desde el oficialismo se difunde la idea de que el IPC con ponderadores nuevos habría dado incluso menos que el dato publicado. Según esa versión, el índice habría rondado el 2,7%. El argumento pierde peso frente a un hecho político central: la postergación del nuevo IPC y la renuncia del titular del organismo, Marco Lavagna, tras dos años de alineamiento con el relato económico libertario.

El retraso del índice actualizado contrasta con anuncios oficiales previos. El INDEC informó en octubre pasado que el nuevo IPC comenzaría a difundirse, el acuerdo con el FMI fijó su publicación hacia fines de 2025 y el Banco Central lo incluyó en su Informe de Política Monetaria. Aun así, Milei desestimó esas señales y eligió sostener una medición que minimiza la inflación real.

Tarifas y alquileres, casi invisibles

La distorsión se vuelve más clara al mirar los precios regulados. La consultora Equilibra planteó en la red X: “¿Qué pasará con el aumento de tarifas de electricidad y gas en el IPC de febrero?”. Con la quita de subsidios y la actualización de precios mayoristas, el impacto resulta significativo. En gas, se registra un aumento promedio nacional del 16,9% en la factura final; en electricidad, el PEST sube 21% y el traslado promedio ponderado ronda el 4,8%.

“En base a este escenario, estimamos que el alza del rubro electricidad y gas sería alrededor de 12% en febrero, impulsado por el aumento del gas”. Según Equilibra, estos incrementos agregan 0,2 puntos porcentuales más en un IPC actualizado que en el índice vigente.

El subregistro también aparece en los alquileres. La Agrupación de Inquilinos de Argentina advierte que el IPC del INDEC asigna apenas 3,48% al rubro «Alquiler de la vivienda» en el Gran Buenos Aires, cuando en la práctica ese gasto absorbe entre el 30% y el 50% del ingreso familiar. La medición oficial no refleja esa presión cotidiana.

Ajuste y relato

La discusión no se limita a una cuestión técnica. El índice define paritarias, jubilaciones, bonos indexados y estadísticas de pobreza. Medir menos implica pagar menos y ajustar más. Al subestimar tarifas y alquileres, el Gobierno licúa ingresos y sostiene un relato de desinflación que no coincide con la experiencia social.

En un contexto de recesión, salarios deprimidos y tarifazos en marcha, la inflación muestra una tendencia ascendente desde mediados del año pasado. La estrategia antiinflacionaria se apoya en anclas concretas —tipo de cambio contenido y postergación de aumentos— y no en el dogma monetarista que Milei repite. Cuando esas anclas ceden, los precios vuelven a subir.

La brecha entre el IPC nacional y el porteño vuelve a dejar al desnudo una práctica conocida en la Argentina: usar la estadística como herramienta política. El costo no es abstracto. Se traduce en menos poder de compra, contratos desfasados y mayor incertidumbre, mientras el ajuste avanza sobre los sectores que viven de ingresos fijos.

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