La reforma laboral que impulsa el Gobierno nacional llega al Senado bajo la promesa de generar empleo, pero los antecedentes históricos y los datos actuales sugieren un escenario opuesto. Según diversos análisis, el proyecto de Javier Milei se apoya en un «esquema de flexibilización» que ya fue ensayado durante la última dictadura militar con resultados devastadores para la clase trabajadora.
Las políticas similares a la libertaria que ya se han implementado no buscan la modernización, sino la consolidación de un modelo de baja intensidad salarial para garantizar rentabilidades extraordinarias. La ley de contrato de trabajo N° 20744 fue sancionada en septiembre de 1974 por el Congreso de la Nación y luego mutilada por parte de la dictadura militar a partir del año 1976. Los militares suprimieron el derecho a huelga, prohibieron la actividad gremial, eliminaron el fuero sindical y derogaron las asociaciones sindicales.
Un informe del senador nacional Jorge Capitanich es quirúrgico al analizar la evolución de la distribución del ingreso durante el periodo de José Alfredo Martínez de Hoz. Las estadísticas que compila revelan que la desregulación no fue una herramienta de crecimiento, sino de despojo. El impacto de las reformas laborales implicó una caída de la tasa de actividad del 41% al 37,3%. Además, tiró abajo la tasa de empleo del 39,7% al 35,7%. Por su parte, el salario real, se derrumbó 44% en tan solo cuatro años, entre 1974 y 1978. Al mismo tiempo, la tasa de desempleo friccional se triplicó: pasó del 2,3% con una tendencia al 6% hacia 1982 junto a una caída de la productividad laboral.
No existe evidencia empírica respecto a reformas laborales y mejora de los indicadores de empleo y salarios. Tampoco existe evidencia empírica respecto a la reducción de indemnizaciones para estimular la contratación de empleos pues la mayor expansión del empleo privado formal (período 2003-2008) se produjo con doble indemnización mientras que el despido barato de la Ley Bases arroja 420 despidos diarios. Tampoco el quiebre de PYMEs es producto de las normas laborales como lo atestiguan períodos históricos (1976-1983/ 2016-2019/ 2023-2025) o por la incidencia de la industria del juicio (5% de incidencia en el total) o por la incidencia de los sindicatos o de los convenios colectivos de trabajo.
La trampa del «fondo de cese» y la precarización
Un análisis del Ministerio de Trabajo bonaerense advierte sobre los peligros de la reforma actual, especialmente en la sustitución de las indemnizaciones. El informe técnico señala que el sistema de fondo de cese laboral implica que el costo del despido sea absorbido por el propio trabajador a través de una detracción de su salario mensual. El proyecto «insiste con la promoción del Sistema o Fondo de Cese Laboral que ya fracasó», resalta el documento. Es que aclara que «a año y medio de la sanción de la Ley Bases no se crearon en el marco de la negociación colectiva mecanismos sustitutivos de la indemnización por despido. Tales mecanismos sustitutivos, propone el proyecto, serán aplicables incluso al caso de los llamados retiros voluntarios, lo que abona aún más la idea de que son despidos encubiertos».
Además, el análisis advierte sobre las consecuencias de eliminar las multas por trabajo no registrado. La quita de sanciones genera un «incentivo perverso a la informalidad» al desaparecer la penalidad económica por incumplimiento. Por otra parte, la extensión del plazo permitiría a las empresas «sostener plantillas rotativas sin estabilidad ni aportes efectivos».
En el fondo, el verdadero problema de la reforma es su impacto en el consumo. Al reducir la capacidad de compra del salario, se ataca directamente al mercado interno. La desregulación laboral de la dictadura aumentó el desempleo al destruir el mercado interno mediante la caída del salario real.
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