El Gobierno nacional avanzó con una decisión que volvió a tensionar el vínculo entre las Fuerzas Armadas y la política partidaria. Mediante el DNU 34/2026, publicado este lunes, la administración de Javier Milei reescribió un tramo central de la Ley 19.101 y autorizó a militares en actividad a ocupar cargos políticos dentro del Ministerio de Defensa sin interrumpir su carrera operativa.
El cambio rompió con un criterio vigente durante décadas, que obligaba al pase a disponibilidad o al retiro cuando un uniformado asumía funciones de naturaleza política. La norma estableció algunas excepciones formales —como los oficiales que alcanzaron los rangos máximos o jefaturas superiores—, pero mantuvo abierta la posibilidad para una amplia franja de la estructura militar.
Un giro normativo con impacto político
Hasta ahora, el esquema legal buscaba marcar una frontera clara entre el mando militar y la gestión civil. Con el nuevo decreto, esa separación quedó desdibujada: un oficial podrá asumir responsabilidades políticas y luego regresar a destinos operativos dentro de las Fuerzas Armadas.
La medida se conoció en un contexto de creciente acercamiento del Gobierno libertario al universo castrense, una relación que incluyó gestos simbólicos, discursos reivindicatorios y ahora un cambio normativo de peso.
La defensa oficial del decreto
Desde el Ministerio de Defensa, a cargo de Carlos Alberto Presti, difundieron un comunicado para justificar la reforma. Según el texto, la modificación “permite que el Ministerio (de Defensa) cuente con los cuadros más calificados para la gestión de la defensa nacional, sin afectar la carrera profesional del personal militar”.
La cartera explicó que el régimen anterior generaba un desaliento concreto, ya que el tiempo de trabajo en funciones ministeriales no computaba como servicio efectivo, “lo que desalentaba la incorporación de oficiales y suboficiales con experiencia y conocimiento especializado en funciones clave”.
El comunicado también apeló a una necesidad operativa “urgente” y sostuvo que la experiencia propia de la carrera militar “resultan esenciales para la planificación y conducción de la defensa nacional”. En ese marco, el Gobierno presentó el decreto como parte de una estrategia de integración entre personal civil y militar, que —según afirmó— no altera la estructura ni los derechos de la carrera castrense.
Críticas y alertas desde la oposición
La respuesta más contundente llegó de parte del exministro de Defensa Agustín Rossi, quien cuestionó la decisión en términos políticos e institucionales. Para el dirigente opositor, se trata de “un DNU hecho a la medida de Presti” que profundiza “la politización de las Fuerzas Armadas”.
Rossi explicó que el nuevo esquema habilita un circuito inédito: “el personal militar podrá ser funcionario político del gobierno de Milei y volver después a estar al frente de un regimiento, división, brigada o comandante de un buque”.
El exfuncionario advirtió que este mecanismo rompe un principio central del sistema democrático argentino y señaló que “la necesaria e imprescindible neutralidad política de las FFAA queda claramente vulnerada”.
Para Rossi, el decreto no es un hecho aislado, sino parte de un proceso más amplio. “Como venimos advirtiendo desde que asumió Presti, asistimos tanto a un proceso de militarización del Ministerio de Defensa, como también a uno de politización de las FFAA”, sostuvo.
UN DNU HECHO A MEDIDA DE PRESTI: LA POLITIZACIÓN DE LAS FFAA AVANZA
— Agustín Rossi (@RossiAgustinOk) January 26, 2026
El DNU 34/2026 publicado hoy en el BO oficializa una modificación a la Ley 19.101 de Personal Militar, permitiendo que el personal de las FFAA que ocupe cargos políticos en el Ministerio de Defensa siga…
El exministro cerró su crítica con una definición categórica sobre el impacto institucional de la medida: un “retroceso absoluto” que vuelve a poner en discusión los límites entre poder político y estructura militar en la Argentina democrática.
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