El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, decidió apartar al secretario de Transporte, Luis Pierrini, luego de que una denuncia penal expusiera presuntas irregularidades en el esquema de subsidios al transporte automotor. La acusación apunta a una maniobra que habría generado un daño al Estado calculado en unos 30 mil millones de pesos mediante la manipulación de datos del sistema SUBE.
El ahora ex funcionario argumentó su salida por “motivos personales”, aunque en el Gobierno nadie ocultó que la decisión respondió al escándalo que involucró a la empresa de colectivos La Nueva Metropol, controlada por la familia Zbikoski. Según la denuncia, durante la gestión de Pierrini esa firma habría provocado un perjuicio cercano a los 3 mil millones de pesos mensuales al Tesoro Nacional sin que la Secretaría de Transporte interviniera.
Caputo avanzó con el desplazamiento con el aval político de Karina Milei y, puertas adentro, ya analizaba reforzar su control sobre el área aerocomercial. En ese sector crecen las críticas por la falta de respuesta oficial frente a la crisis de Flybondi, la empresa de Leonardo Scatturice, que acumuló cerca de 200 vuelos cancelados en lo que va de enero.
Una denuncia que expuso la pasividad oficial
La presentación judicial la impulsó la Asociación Arco (Arco Social), que denunció a Caputo y a Pierrini “por presuntas maniobras irregulares en el sistema de subsidios al transporte automotor de pasajeros en el AMBA, que podrían haber provocado un perjuicio multimillonario al Estado nacional”.
De acuerdo al escrito, la maniobra consistía en un corrimiento artificial de validaciones desde recorridos cortos hacia tramos más extensos dentro del sistema SUBE. Ese mecanismo elevaba de manera ficticia el monto de los subsidios cobrados por determinadas empresas, “sin correlato real en pasajeros transportados ni en kilómetros recorridos”.
Alejandro Sebastián Díaz Pascual, integrante de Arco Social, explicó que en diciembre de 2025 “existieron advertencias técnicas formales presentadas por cámaras empresarias del sector ante la Secretaría de Transporte” sobre estas prácticas. Sin embargo, señaló que “no se hayan adoptado medidas correctivas o de auditoría efectivas”, lo que dejó en evidencia una presunta omisión de control.
En ese marco, Pascual subrayó la “responsabilidad por omisión funcional de las autoridades estatales encargadas de la supervisión, aprobación y ejecución presupuestaria de los subsidios, en particular del Ministerio de Economía”.
El recambio y las internas del sector
Pierrini había llegado al Gobierno de Javier Milei de la mano del ex titular de ARCA, Juan Pazo, con quien compartía vínculos en el negocio asegurador. Antes de desembarcar en la función pública, presidía Triunfo Seguros, una firma con fuerte presencia en la región de Cuyo.
Para reemplazarlo, Caputo eligió al arquitecto Fernando Herrmann, un perfil proveniente del sector privado y sin antecedentes en el área de transporte, una característica que ya había marcado la designación de su antecesor.
El caso tomó estado público luego de una investigación publicada por La Nación, donde se afirmó que La Nueva Metropol alteraba boletos para facturar recorridos más largos que los efectivamente realizados y así acceder a mayores subsidios. Desde la empresa rechazaron esas acusaciones y señalaron al Grupo Dota —que controla cerca del 50% de las líneas del AMBA— como el verdadero impulsor de la denuncia.
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