Desde el inicio de Milei, el gasto de los jubilados de PAMI en medicamentos creció 477%

En gran parte debido a la modificación de los esquemas de cobertura de medicamentos de PAMI –y también debido a los aumentos en el precio de los más utilizados por los adultos mayores– entre fines de 2023 y fines de 2025 “el gasto de bolsillo de los afiliados aumentó muy por encima de la inflación general y de la evolución de los haberes jubilatorios”, señala un estudio de la Fundación Soberanía Sanitaria, que analiza el impacto de los recortes en salud desde el inicio de la actual gestión de gobierno nacional. Decisiones como el aumento de los requisitos para recibir la cobertura al 100% de los medicamentos o la quita de algunas drogas del listado “trasladaron el ajuste directamente a los adultos mayores”, explican. Esto se tradujo en un incremento del 477% sobre lo que deben destinar los afiliados a medicamentos en los dos años analizados.

Pero como las jubilaciones no aumentaron al mismo ritmo que los medicamentos y no lograron compensar esta fuerte suba en la proporción de los ingresos que los jubilados deben destinar de sus bolsillos a cubrir el gasto en medicamentos, se produjo una caída sostenida en el consumo de los medicamentos con receta, agrega el estudio. “En la provincia de Buenos Aires, la dispensa se redujo de manera significativa, con impacto transversal en todas las categorías terapéuticas, incluyendo medicamentos de uso crónico y de salud mental, cuya discontinuidad implica riesgos sanitarios relevantes”, destacaron.

Las jubilaciones mínimas –que en enero ascienden a los $ 419.299, contando el bono congelado en $ 70 mil– apenas alcanza para cubrir los gastos mensuales de un jubilado en medicamentos, que según la Defensoría de la Tercera Edad asciende a los $ 402.880. Por lo tanto, ya se ha señalado muchas veces desde esta institución en diferentes ámbitos, los jubilados deben elegir entre comprar medicamentos o comer.

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Pero este fenómeno, detallan desde la Fundación Soberanía Sanitaria, trasciende a la población de PAMI. “Entre 2023 y 2025, la cantidad total de medicamentos dispensados en el país se redujo de forma generalizada, tanto en medicamentos bajo receta como de venta libre, evidenciando una restricción más amplia del acceso”.

Por otro lado, y por la caída del poder adquisitivo, la demanda de medicamentos aumentó en el sector público, incluso entre las personas con cobertura de obra social o prepaga, “que recurren a efectores estatales para sostener tratamientos ambulatorios de bajo costo, evidenciando un desplazamiento de la demanda hacia un sistema público crecientemente desfinanciado”.

Y es que los recortes no se dieron únicamente para los afiliados de PAMI. Otros programas de entrega de medicamentos y en la prevención de la salud también impactaron considerablemente en la población. “En el marco del ajuste presupuestario y la subejecución del gasto sanitario nacional, la política de medicamentos durante los primeros años de la gestión del gobierno de Javier Milei se caracteriza por una retracción del rol del Estado en la provisión, regulación y financiamiento de medicamentos esenciales, con impactos directos sobre el acceso, la continuidad de los tratamientos y el gasto de bolsillo de la población”. Entre estos recortes, el estudio destaca como uno de los más importante la reducción de distribución enmarcada en el programa Remediar “y una disminución en la entrega de tratamientos oncológicos de alto costo, debilitando la capacidad resolutiva del primer nivel de atención y afectando de manera desproporcionada a los sectores de menores ingresos”. Sobre los medicamentos oncológicos detallan que entre 2023 y 2024 en cantidad de unidades entregadas se redujo en un 48%.

Qué pasó con otros programas

En términos generales, destaca el informe basado en datos oficiales, durante el período 2024 y 2025, la ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud “se caracteriza por una contracción significativa de los recursos en términos reales, acompañada por elevados niveles de subejecución”. Entre 2023 y 2024 la caída del presupuesto ejecutado fue del 31%, mientras que la caída acumulada respecto a 2023 en 2025 fue, en términos reales, del 34%.

Esta dinámica, agregaron, “contribuye a desarticular políticas sanitarias nacionales y a trasladar crecientemente responsabilidades a las provincias”. Una de las caídas más importantes es la del programa VIH, “que registra una reducción real cercana al 50% en 2024, mientras que en 2025 el programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles presenta una caída del 30%”, lo que tiene un impacto directo en la distribución de las vacunas que figuran en el Calendario Nacional.

Los hospitales nacionales merecen un capítulo aparte en el análisis. El Hospital Posadas fue el más perjudicado, señala la Fundación: “ejecutó en 2024 un presupuesto que, en términos reales, implicó una reducción del 32% respecto de 2023”. También enumeran otros casos como el del Hospital Nacional en Red de Salud Mental y Adicciones “Lic. Laura Bonaparte” (con una caída en términos reales del 46% en los dos años analizados) lo que profundiza “el deterioro de la capacidad de atención en un área crítica como la salud mental y las adicciones”.

Por último, resaltan la situación de los hospitales bajo la modalidad de Servicio de Atención Médica Integral para la Comunidad (SAMIC), que son establecimientos de alta complejidad financiados entre el Estado Nacional y las provincias. “Entre 2023 y 2025, las transferencias del Ministerio de Salud de la Nación a los hospitales SAMIC se redujeron en términos reales un 17% en el total agregado, con caídas significativas en establecimientos estratégicos como Garrahan, El Cruce, El Calafate y Esteban Echeverría”.

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Agustina Bordigoni

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