La Ley de Emergencia en Discapacidad quedó bajo una cuenta regresiva impuesta por la Justicia. Un juzgado federal intimó al Gobierno nacional a poner en marcha de forma completa la normativa en un plazo de diez días hábiles y dejó explícito que, si el mandato no se cumple, comenzarán a aplicarse multas diarias y podrían impulsarse acciones penales contra funcionarios de primera línea. La fecha límite quedó fijada para el 4 de febrero.
La decisión judicial se dictó en plena feria y reactivó una sentencia firmada a fines de diciembre por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay. El magistrado ordenó al Poder Ejecutivo que ejecute sin más dilaciones la ley aprobada y ratificada por el Congreso durante el año pasado, pese a la resistencia política del presidente Javier Milei.
Plazos, intimaciones y funcionarios bajo apercibimiento
Además de exigir la implementación total de la norma, el fallo obligó al Ministerio de Salud y a la Agencia Nacional de Discapacidad a informar el estado de avance de las medidas adoptadas. El plazo otorgado fue de cinco días y la orden incluyó la presentación de documentación respaldatoria “todo ello bajo apercibimiento de sanciones”.
La resolución advirtió que, ante un eventual incumplimiento, podrían aplicarse multas económicas y otras represalias judiciales contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Desde el colectivo que impulsó el amparo remarcaron la gravedad del escenario. “El 4 de febrero tiene que estar todo cumplido; si no, comenzarán a aplicarse multas diarias a los funcionarios o, incluso, podrán iniciarse causas penales por desobediencia”, señalaron. En la misma línea, la actriz Lola Berthet afirmó: “La Justicia le puso un ultimátum al Gobierno: el 4 de febrero la ley tiene que estar funcionando sí o sí, al cien por ciento. Ya llevamos más de 130 días desde que está vigente y no se cumple”.
La actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con trastorno del espectro autista, sostuvo que la intimación judicial marca un límite claro a las demoras oficiales. “Ya no se aceptan más informes técnicos, como los que venían presentando hasta ahora. Esta es una intimación final”, expresó.
Qué debe acreditar el Gobierno para cumplir la sentencia
La orden judicial detalló una serie de pasos concretos que el Ejecutivo debe cumplir y documentar. Entre ellos figuran la actualización de los aranceles a los centros prestadores desde enero de 2025, un esquema de pago por las compensaciones adeudadas, la apertura del plan ARCA para refinanciar deudas, la fijación de nuevos valores para las prestaciones y la firma del decreto reglamentario de la Ley 27.793, que acumula meses de retraso.
A pesar de la claridad del fallo, desde las organizaciones sociales pusieron en duda que el Gobierno acate la resolución. “Va a dilatar su implementación todo lo que pueda”, advirtió Lorena Aguirre, abogada y referente de la Asamblea Discas en Lucha. Según explicó, analizan la presentación de amparos colectivos en distintas jurisdicciones del país. “Necesitamos que todos los jueces federales cumplan con sus funciones, se expidan y sancionen al Gobierno, porque no se están respetando los compromisos internacionales. Existe un principio de no regresividad y de no discriminación que está siendo tolerado”, agregó.
Un conflicto que combina Justicia y pulseada política
El trasfondo judicial del caso se remonta a comienzos de diciembre, cuando González Charvay declaró inválido el artículo 2 del decreto 681/2025. Esa norma suspendía la aplicación de la ley al no asignarle partidas presupuestarias, una decisión que el magistrado consideró un veto encubierto y, por lo tanto, inconstitucional.
El Presidente apeló el fallo a través del procurador del Tesoro, Santiago Castro Videla. La Cámara Federal de San Martín admitió el recurso, pero lo concedió con efecto devolutivo, lo que dejó firme la obligación de ejecutar la ley mientras se analiza el fondo de la cuestión.
En paralelo al expediente judicial, el Ejecutivo intentó eliminar los fondos destinados a la emergencia en discapacidad durante el debate del Presupuesto 2026, junto con las partidas para el financiamiento universitario. Esa maniobra no prosperó y el Congreso mantuvo intactas ambas asignaciones.
Los argumentos oficiales se apoyaron en el objetivo de sostener el déficit cero, pero distintos informes relativizaron ese planteo. Un estudio de la Oficina del Presupuesto del Congreso estimó que el costo de la ley representaría entre el 0,22 % y el 0,42 % del PBI, según las propias proyecciones oficiales.
Para las organizaciones, el debate excede cualquier cálculo fiscal. “La realidad es que para el Gobierno somos un gasto. Una persona que cobra una pensión de alrededor de 300 mil pesos no cubre sus necesidades básicas. Encima no accede a obra social y no tiene cobertura de sus remedios”, señaló Aguirre. Y concluyó: “Buscan que la gente se muera. Pero nosotros vamos a seguir luchando en la calle y concientizando a toda la sociedad para que nos acompañe, junto con los jubilados y los trabajadores. La lucha tiene que ser articulada porque los derechos son transversales a todos”.
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