Mientras el decreto que busca modificar la Secretaría de Inteligencia de Estado –y dotarla de más facultades, entre ellas la aprehensión de personas– ingresa al Congreso para ser evaluado por la Comisión Bicameral Permanente de Trámite Legislativo, los números del presupuesto ya dan cuenta de la mayor relevancia que la actual gestión le está dando al organismo que comanda actualmente Cristian Ezequiel Auguadra.
De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), al cierre de 2025, “la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) registra una caída real del gasto total cercana al 29% en comparación con 2023, lo que evidencia un ajuste fiscal de magnitud con impacto en áreas clave de la gestión estatal”. Sin embargo, se destaca particularmente el caso de la SIDE, que en este contexto experimentó un incremento del 52% en su ejecución. Los Servicios de Deuda Pública, en tanto, “mantienen un peso relevante del 8% sobre el gasto total”, señalaron.
Los recortes más notables se dieron, prosigue el estudio (basado en datos oficiales), en salud, seguridad social, ciencia, educación, desarrollo productivo, transporte y obra pública.
La Superintendencia de Servicios de Salud presentó un ajuste del 72% y los hospitales nacionales cayeron en promedio entre el 20% y el 40%.
En educación, los programas de Fortalecimiento edilicio de Jardines Infantiles (-90%), Becas y Gestión Estudiantil (-78%), Acciones de Formación Docente (-75%) fueron los más perjudicados. Ciencia y tecnología corrió la misma suerte: el Programa de Promoción de la Investigación e Innovación redujo en un 82% su ejecución, el Conicet un 32%, y el Servicio Meteorológico Nacional un 34%.
La asistencia financiera y técnica a municipios cayó un 99% y, tal como explicó Deuda Prometida en otra nota, las transferencias discrecionales afectaron a algunas provincias como La Pampa, con un 95,9%; La Rioja, con un 94,7%; Formosa, con el 91% de reducción; San Luis, con el 90,9% y Misiones, con el 90,5%.
El DNU que modifica las funciones de la SIDE
Por decreto de necesidad y urgencia, en medio del receso del Congreso, el Ejecutivo publicó en el boletín oficial el 941/2025, que establece entre otras cosas una modificación en la ley de inteligencia: “todas las actividades que se realizan en el ámbito de la Inteligencia Nacional revisten carácter encubierto en virtud de su sensibilidad, con el fin de minimizar el Riesgo Estratégico Nacional”, puede leerse en el articulado. Esto podría dejar abierta la posibilidad de que todos los gastos (y no solamente los reservados) revistan carácter de secreto: es decir, gastos por los que no se rinden cuentas.
Desde diferentes organismos de derechos humanos criticaron duramente la norma. “Por primera vez en democracia, los agentes de inteligencia tienen poder para detenerte. La SIDE puede proceder a la ‘aprehensión’ de personas sin que quede claro bajo qué criterios ni con qué garantías, y sin autorización judicial. Esto deja habilitado el camino a detenciones arbitrarias, a la persecución y a la intimidación. Es transformar a los servicios de inteligencia en una especie de policía secreta y sin control”, advirtieron desde Aministía Internacional.
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