El ajuste libertario barrió con 60 mil puestos en el Estado en dos años

Entre el inicio de la gestión de Javier Milei y noviembre de 2025, el Estado nacional achicó su plantel en más de 60 mil trabajadores. El dato surge de informes oficiales y de relevamientos privados que muestran la profundidad del ajuste aplicado bajo la consigna de la “motosierra”, con impacto directo en áreas administrativas, empresas públicas y organismos estratégicos.

Según cifras difundidas por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger, durante ese período se registraron 60.494 desvinculaciones en el sector público nacional. El recorte representó cerca del 17,5% del total de la dotación estatal, que a noviembre de 2025 quedó en torno a los 281.800 cargos.

El mayor golpe, en términos absolutos, recayó sobre las empresas y sociedades del Estado, que perdieron más de 20 mil puestos desde diciembre de 2023. Dentro de ese universo, el Correo Argentino encabezó la lista de bajas, seguido por la Operadora Ferroviaria, el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas. En paralelo, la administración central —que incluye ministerios y organismos de los tres poderes— sufrió una poda cercana al 30% de su personal.

También la administración descentralizada quedó atravesada por el ajuste. Organismos como la ex AFIP (actual ARCA), el Conicet y la Anses registraron miles de despidos, en un contexto de congelamiento presupuestario y reducción de funciones. A esto se sumó la disolución directa de entes, como el ENOHSA y el Inadi, que dejaron su planta laboral en cero tras el traspaso formal de competencias a otros ministerios.

Otros espacios quedaron al borde de la desaparición o con dotaciones mínimas. La ex agencia Télam perdió cerca del 80% de su personal, el INCAA redujo más de la mitad de su planta y la Casa de la Moneda quedó con menos de la mitad de sus trabajadores. En el caso de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el Gobierno avanzó con recortes superiores al 35% antes de anunciar su cierre definitivo.

Desde la Casa Rosada justifican la política como una forma de “ordenar” el Estado y recortar gastos. En ese sentido, el propio Ministerio de Desregulación sostuvo: “La reducción en casi 60.000 agentes en dos años equivale a $3,41 billones anuales sin afectar la prestación de servicios esenciales del Estado”.

El ajuste en el empleo público avanzó en paralelo con una fuerte licuación salarial. Datos de la Oficina de Presupuesto del Congreso muestran caídas reales en las erogaciones destinadas al personal de los tres poderes del Estado, con paritarias sistemáticamente por detrás de la inflación.

Lejos de moderarse, la política continúa. Mediante el decreto 934/2025, el Gobierno prorrogó la suspensión de nuevas contrataciones en todo el Sector Público Nacional. Aunque habilitó excepciones puntuales —como universidades, fuerzas de seguridad y el Servicio Penitenciario—, impuso una regla estricta: por cada ingreso, deben computarse dos bajas previas. Una flexibilización mínima que no altera el rumbo general del ajuste.

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