Las jubilaciones se consolidan como uno de los principales blancos del programa de ajuste del gobierno de Javier Milei. Desde el inicio de la gestión libertaria, el haber promedio queda 23% por debajo del nivel de 2023 y cada beneficiario acumula una pérdida cercana a los 5 millones de pesos. El impacto se refleja en un dato contundente: solo tres de cada diez jubilados cuentan con ingresos suficientes para afrontar los gastos mínimos de la vejez.
El deterioro no responde a un fenómeno transitorio. Un informe privado advierte que el esquema vigente impone un límite a cualquier recuperación del poder adquisitivo. La actualización por inflación, establecida por el DNU 274/2024, no compensa la pérdida inicial y consolida una transferencia de recursos desde los ingresos previsionales hacia el ahorro fiscal.
En paralelo, el índice de precios continúa presionando sobre los bolsillos. Consultoras privadas anticipan para diciembre una suba mensual cercana al 2,5%, mientras que el Relevamiento de Expectativas de Mercado del Banco Central proyecta un 2,3%. En ese contexto, el atraso de los haberes se profundiza.
Ajuste fiscal y vejez empobrecida
El encarecimiento de alimentos, medicamentos, servicios y vivienda golpea con mayor fuerza a las personas mayores. Al menos siete de cada diez jubilados no logran cubrir el costo de vida. Desde el Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía (MATE) sintetizan el escenario con una definición tajante: “Las jubilaciones tienen un techo, no recuperaron lo perdido al inicio del gobierno y están atadas a la inflación (desde el DNU 274/2024), por lo tanto, con la actual ley tampoco lo recuperarán”.
El mismo centro de estudios señala que la jubilación media se ubica hoy 23% por debajo de diciembre de 2023. Esa licuación implica una pérdida promedio de 4,8 millones de pesos por beneficiario desde la asunción de Milei, cifra que se amplía si se toma un período más largo.
La consecuencia social resulta visible: la pobreza en adultos mayores avanza por encima del promedio general y supera el millón de personas. La vejez transcurre con ingresos que no alcanzan para cubrir necesidades elementales.
Según datos de la Defensoría del Pueblo porteña, en noviembre la Canasta de Consumo para Personas Adultas Mayores trepa a $1.359.675. Una persona de más de 75 años que vive sola necesita al menos $746.271 mensuales. Los principales gastos se concentran en alimentos, servicios del hogar, salud y bienes personales.
A ese cuadro se suma el aumento de los medicamentos, que supera el promedio inflacionario. El Índice de Precios de Medicamentos registra en noviembre una suba del 1,9%, con picos en analgésicos y psicofármacos. Mientras tanto, el haber mínimo —$349.303 más un bono de $70.000— cubre apenas un tercio de la canasta básica de las personas mayores.
La pérdida de ingresos empuja además al endeudamiento. Desde MATE alertan que “El endeudamiento de las familias, que no alcanzó para mantener niveles de consumo previos, está en su punto máximo con serios problemas de irregularidad”. Los datos del Banco Central muestran niveles récord de morosidad tanto en préstamos personales como en tarjetas de crédito.
Presupuesto 2026: el ajuste se profundiza
El Presupuesto 2026 confirma la orientación del gasto público. De acuerdo con MATE, el Estado “ahorró” más de 100 billones de pesos desde el inicio del gobierno, con jubilaciones, obra pública y programas sociales entre los rubros más recortados. “El ajuste sobre los jubilados sigue siendo uno de los principales componentes del ahorro fiscal con 16,5 billones de pesos”, detallan.
El análisis de la Oficina de Presupuesto del Congreso señala que, aunque las partidas previsionales muestran un aumento real del 6%, el bono para quienes cobran la mínima cae 13,8% en términos reales. El congelamiento del refuerzo en $70.000 durante todo el año empuja a la jubilación mínima a una baja real cercana al 0,6% en 2026.
En ese marco, el Gobierno impulsa una reforma laboral que promete fortalecer el sistema previsional, pero avanza sobre derechos laborales y recursos de la seguridad social. Especialistas del Instituto de Economía y Finanzas advierten que esta estrategia “sienta las bases para una futura privatización del régimen previsional bajo el argumento de su déficit”.
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